Por Mario Amorós, Frontera Cero,octubre 13.-
El sociólogo colombiano Alfredo Molano expuso en el III Foro Social Mundial de las Migraciones, una visión diferente del conflicto colombiano. Desde 1985, en Colombia, 250.000 personas han sido asesinadas por razones políticas, 25.000 han sido detenidas desaparecidas y cuatro millones (el 10% de la población nacional) han tenido que desplazarse de manera forzada a otro punto del país, en su mayor parte campesinos.
Estas son las “terroríficas” cifras que el prestigioso sociólogo colombiano Alfredo Molano (columnista del diario El Espectador y merecedor de distintas distinciones, entre ellas el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas) ofreció en el plenario sobre refugiados del III Foro Social Mundial de las Migraciones, que se celebró en Rivas Vaciamadrid (España) entre el 11 y el 13 de septiembre.
Molano, quien debió exiliarse durante cuatro años en Barcelona por las amenazas contra su vida, explicó las razones del masivo desplazamiento interno en su país. Para ello se remontó dos décadas atrás, ya que tiene en su origen causas de raíz económica (la crisis de la economía campesina, principalmente), pero sobre todo de naturaleza política, que conducen a las negociaciones de paz del presidente Belisario Betancourt a mediados de los años 80 con la guerrilla de las FARC.
Betancourt, un político conservador y con una cierta sensibilidad cultural según Molano, intentó negociar con la guerrilla a partir de este planteamiento: los insurgentes entregarían las armas y se crearía un partido político, se aceptarían reformas políticas y económicas (esencialmente en materia agraria) y se realizarían mejoras democráticas con garantías para la oposición. “Estas reformas implicaban un desacomodo para los sectores terratenientes, industriales y financieros, sobre todo para los terratenientes, que se sintieron en peligro y que tenían vínculos con el narcotráfico”.
La reacción contra la previsión de esta reformas, que en el caso de la reforma agraria no llegó a realizarse, pasó por la creación o fortalecimiento por parte de estos sectores de los grupos paramilitares, que ya existían desde los años 60, y que fueron financiados por el narcotráfico. “De ser un régimen de economía latifundista de carácter esencialmente ganadero, Colombia se transformó en una sociedad de capital mixto entre los sectores tradicionales y el narcotráfico”. La violencia brutal y la crueldad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) originó la primera gran oleada de desplazamiento interno en el país: estos grupos armados pretendían aislar a la guerrilla y con el recurso al terror lograron el desplazamiento de centenares de miles de personas, de cuyas tierras se apropiaron. “Los grupos paramilitares nunca se enfrentaron con las guerrillas, golpeaban a la población civil para crear una realidad terrorista y obligar a la gente a huir”.
En cuanto al partido político que surgió de las negociaciones entre Betancourt y las FARC, la Unión Patriótica, hasta hoy cinco mil militantes de la UP (principalmente comunistas), entre ellos dos candidatos a la Presidencia de la República (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo), han sido asesinados por el ejército y los paramilitares.
El otro proceso de paz fue promovido en 1998 y 1999 por el presidente Andrés Pastrana, quien negoció con las FARC en la zona “despejada” de San Vicente del Caguán, en un proceso avalado por la Unión Europea y en particular por España. En aquellos años, los paras intensificaron sus brutales crímenes contra grandes capas de la población para boicotear el proceso de paz. “Hasta el día de hoy –explicó Alfredo Molano- los crímenes de los grupos paramilitares permanecen en la impunidad. Existen cuatro millones de colombianos desarraigados por un aparato del terror creado por el Estado y cuyos crímenes quedarán impunes.
En contubernio con los narcotraficantes, los paramilitares buscan legitimar su impunidad y su fortuna (se han apropiado de manera ilegítima de cinco millones de hectáreas de tierras rurales). Detrás de esta realidad, hay, pues, un proyecto político de extrema derecha que avala el Gobierno de Álvaro Uribe con su política de Seguridad Democrática”. Hoy el Gobierno de Colombia dedica el 6% del PIB a la guerra contra unos grupos guerrilleros que llevan medio siglo combatiendo.
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