El día de hoy se movilizó la comunidad migrante y alemana en Berlín para solidarizarse con la minga popular en Colombia y para exigirle al estado colombiano el cese a la represión. A pesar de las órdenes explícitas de la policía alemana de retirarnos 50 metros de la embajada, las adversidades del clima y la indiferencia de los funcionarios de la embajada, nos reunimos para decir YA BASTA!
Con contundentes y diversos discursos logramos expresar cuan importante son las movilizaciones en Colombia y que tan implicado esta el gobierno en la represión y exterminio de sus pueblos.
Se leyeron las exigencias de la minga y algunos de los sus comunicados. También nos enteramos de otras movilizaciones y eventos de solidaridad aquí en Alemania en las cuales participaremos activamente. Es importante hacer eco y demostrarle a los compañeros y compañeras que allí resisten, que dentro los manifestantes hay exiliados, estudiantes, personas de diferentes nacionalidades que se unen a la causa y que comparten plenamente la lucha de la minga. Al igual que el pueblo colombiano nos sentimos indignados por las prácticas atroces apoyadas sino dirigidas por el gobierno Colombiano.
Una vez mas reiteramos nuestro apoyo y seguimos con atención cada paso que da la minga, porque nos conmueve profundamente no estar en el país por diferentes razones.
Ese mismo país que nos quita las oportunidades, nos reprime, nos envía al exilio, nos niega la entrada, nos separa de nuestras familias y nos obliga a pedirle ayuda al estado Alemán, el mismo que apoya la guerra en los llamados países“ tercermundistas ”, que explota nuestras tierras para seguir alimentando su alto y derrochador estilo de vida, que limita a sus refugiados, que deporta indiscriminadamente y a la vez se posiciona hipócritamente como defensor de derechos humanos pero que continuamente los viola.
Adjuntamos la carta que entregamos a la embajada después de la protesta y esperamos que este acto de solidaridad les de fuerza para seguir luchando.
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La Andanada contra los Indigenas
Por Weildler Guerra Curvelo*
Antropólogo y profesor universitario de la etnia Wayúu
Seria un crimen institucionalizar la marginación y exclusión de los pueblos originarios, incitando al resto de la sociedad a considerarlos como los nuevos responsables de las inequidades del país
En las últimas semanas, el país ha presenciado una andanada de declaraciones en contra de los miembros de los pueblos indígenas de Colombia por parte de altos funcionarios del gobierno central, y de columnistas afectos a este. La virulencia inesperada de esos ataques nos muestra que el país al parecer transita de una etapa en donde predominaban las actitudes soterradas de prejuicios racistas, por parte de algunos grupos e individuos de la sociedad dominante, a una etapa de discriminación institucionalizada de los pueblos originarios promovida desde los más altos niveles de decisión del país.
Como para que no hubiese dudas sobre la oficialidad de esta postura fue el propio Presidente de la República quien inició la embestida al denunciar la existencia de una gravísima inequidad en materia de tierras y revelar que un grupo de privilegiados ciudadanos colombianos: las comunidades indígenas, que representan solo el 2.2 por ciento de la población, tienen el 27 por ciento de las tierras del país. El ministro de agricultura se sumó -como no hacerlo- a las declaraciones de su superior y afirmó que en las marchas indígenas del Cauca eran inspiradas por terroristas.
La columnista María Isabel Rueda afirmó que las actitudes de los indígenas de aferrarse a sus leyes y costumbres la “enfermaban” y el general Valencia Tovar consideró que el camino a seguir es buscar rápidamente “ la forma de integrar a indígenas y negritudes africanas al cuerpo social de la nación” No dejó claro el general si esa integración se haría mediante el retorno a las misiones religiosas similares a las del siglo XIX. Estas groseras simplificaciones parecen constituir el norte de un nuevo horizonte ideológico que se trata de imponer al país desde las alturas del poder económico y político. Ya se comentaba en los cocteles de los empresarios y en los costureros de las damas bogotanas que el reconocimiento de los territorios indígenas en la constitución de 1991 había sido un “error histórico” muy costoso para el desarrollo futuro del país.
Curiosamente, ahora que se acercan fechas conmemorativas como el bicentenario bien valdría la pena invertir la reflexión a partir de esos planteamientos perversos y preguntarnos ¿Cómo estos grupos humanos llegaron a perder el 73 por ciento de su territorio?¿ ¿Cómo en este territorio, que en un acto de fe llamamos Colombia, sus habitantes originarios pasaron a ser solo el 2.2 por ciento de la población? ¿Cuántas de estas hectáreas corresponden a parques nacionales o a tierras no aptas para la agricultura?.
Apelar al argumento de la mayoría demográfica para justificar la dominación de las minorías étnicas y culturales constituye una visión de evolucionismo social difícil de justificar hoy en el escenario internacional. La clave del asunto se encuentra en la construcción histórica del Estado-Nación, en Colombia que ignoró la presencia de unos pueblos históricos cuya organización política, social y jurídica preexistía a la República. El reconocimiento de sus derechos no constituye una amenaza para los demás colombianos.
Dadas las profundas inequidades existentes en materia social y económica entre estas comunidades y el resto de la nación lo que estos Pueblos buscan no es una mera igualdad retórica: la de ser iguales ante la ley, sino una real: la de ser iguales a través de la ley. En lugar de presentar a los miembros de los pueblos indígenas como nuevos latifundistas y de tomar una actitud anti-pobres, el gobierno central y otros sectores económicos de la sociedad nacional deberían dedicar su esfuerzos a romper el circulo de violencia sistemática, discriminación y pobreza en que se encuentran sumidos sus conciudadanos indígenas. Esta situación dramática trasciende lo nacional.
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la esperanza de vida para los 300 millones de indígenas del planeta es de 10 a 20 años menor que la del resto de la población; la mortalidad infantil es 1,5 a 3 veces mayor que el promedio de los miembros de las poblaciones no indígenas.. Seria un crimen institucionalizar su marginación y exclusión incitando al resto de la sociedad nacional a considerarlos como los nuevos responsables de las inequidades sociales y económicas del país. Los pueblos indígenas de Colombia constituyen el fundamento mismo de la nacionalidad y si se aprenden las lecciones históricas de lo sucedido en Ecuador y Bolivia son para los gobiernos un referente de su legitimidad.
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Comundiades Wayuu solidarios con la minga
La Alianza Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayuu, rechaza los actos de violencia en contra de las mujeres indígenas que participan en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, así como condenamos los señalamientos en contra de la Consejera Mayor Aida Quilcué, a quien el Gobierno Colombiano sindica de tener nexos con la guerrilla, para intentar justificar sus actos de barbarie. En el país, sistemáticamente se ha desmontado la legislación existente que protegiera los derechos de los pueblos indígenas, para favorecer los intereses inversionistas de compañías multinacionales que llegan a nuestros territorios para explotar los recursos naturales.
La imposición de políticas neoliberales, acuerdos de libre comercio, la militarización, planes de guerra supuestamente antiterroristas y megaproyectos que vulneran nuestros derechos, atentan contra la pervivencia de nuestros pueblos.
La Sütsüin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu, se solidariza con la gran Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular que lideran los indígenas del Cauca en Colombia, quienes marchan en estos momentos hacia la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca. 12 días han transcurrido desde que se inició la movilización de los indígenas de Colombia, quienes demandan respeto por la vida, por sus derechos y su territorio, y ya ha cobrado por parte de la fuerza pública y otros organismos de seguridad del Estado colombiano, varios indígenas muertos y centenares de heridos.
En aras de “concertar la palabra para convertirla en camino”, nos sumamos a la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular con el lanzamiento de La Campaña por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra Wounmainkat – Nuestra Tierra, para informar y concientizar en el territorio del Pueblo Wayuu, acerca del genocidio que se comete en contra de los Pueblos indígenas en Colombia y las mujeres indígenas. Anunciamos que la hora cero para sumarnos a la gran Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, es el 20 de noviembre de 2008, para lo cual convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantes, campesinos y demás sectores del departamento de La Guajira, a unirse a la Caravana por Wounmaikat del 20 al 23 y el 24 y 25 de noviembre, al Foro en Homenaje a Wounmaikat – Nuestra Tierra y a las víctimas Wayuu de la violencia política y crímenes de estado que, a esta fecha suma más de 250 Wayuu, asesinados y desaparecidos. Informes Celular 310 729 8824 – 300 805 9265.
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Wall Street es parecido, a otra pirámide, solo que en inglés y en dólares
Texto de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo sobre el problema de las pirámides, Comisión Quinta, 18 de noviembre de 2008
Tengo la certeza, y ojalá me equivoque, de que ahí ya hubo pérdidas inmensas. Con esos decretos de ayer el gobierno está intentado lanzar la idea de que aquí no va a pasar nada y que en unos días a la gente le devuelven la plata o casi toda y que “tranquilos, muchachos, todo bajo control”. Eso no es cierto, ojalá lo fuera, pero no creo. No creo que cuando abran las cajas fuertes de esas oficinas, los gerentes van a estar con la plata esperando a que lleguen por ella. Eso no funciona así. Todos sabemos que cuando se caen las pirámides o las tumban, porque caben las dos posibilidades, o se caen solas o las “pinchan”, como se dice, como sucedió en este caso en buena medida por parte del gobierno, todo el mundo sale entonces despavorido y la plata se pierde en proporciones inmensas. Dejémoslo claro, no les echen ese cuento a los colombianos. Las pérdidas nadie sabe de cuánto van a ser, pero van a ser enormes, y no sabemos cuántos serán los colombianos perjudicados: ¿doscientos mil, trecientos mil, un millón?
Y lo que es más lamentable es que toda la responsabilidad de este asunto les cae al gobierno nacional y en persona al presidente de la República y a su ministro de Hacienda. Porque la situación es bien sencilla: o las pirámides eran legales o eran ilegales. Solo dos posibilidades: o son ilegales o no lo son. Si son ilegales, como yo lo creo, porque están prohibidas por el Decreto 2920 de 1982 y por el artículo 189 de la Constitución Nacional, el Estado colombiano ha debido impedir desde hace meses o años que se abrieran. El negocio operó en las narices de todo el mundo. Por estos días recuerdo haber visto en Tumaco un montón de gente en un local, y pregunté, qué está pasando allí, senador, la pirámide, aquí todo el mundo se está volviendo rico con eso. Y la policía cuadraba la fila para guardar el orden. El negocio funcionó con una inmensa presunción de legalidad. No pueden decirles a los colombianos: es que ustedes colombianos son muy locos y se ponen a meter su plata ahí. No, el Estado permitió que se transmitiera la idea de que era absolutamente legal. Y por eso crecieron y si no, no hubieran crecido. Si el Estado hubiera tomado hace meses las medidas de ayer, no habría pasado lo que pasó.
O eran legales, como dicen otros, y entonces el Estado se tiró el negocio. No hay sino esas dos posibilidades, pero en los dos casos, toda la responsabilidad cae allá bien arriba, no es solo sobre el superintendente financiero. ¿Y el doctor Óscar Iván Zuluaga, qué? El propio presidente de la República fue capaz de decir la semana pasada, y es capaz de decir cualquier cosa, que allá en Wall Street se vengan a invertir en Colombia que aquí no se le pierde la plata a nadie. ¡Háganme el favor! Claro, porque lo de Wall Street es parecido, otra pirámide, solo que en inglés y en dólares.
Estas medidas que están sacando son una cortina de humo para ocultar la responsabilidad del gobierno. No han dado la cara lo suficiente. Pienso que por lo menos debería renunciar el ministro de Hacienda, como una manera de pedirles perdón a los colombianos por esa conducta. La Policía tenía plata en las pirámides, el Das, todo el mundo en Colombia tenía plata en las pirámides. El presidente de la República, en vez de cumplir la ley, se puso a dar consejos. Aquí hay una pregunta que nos hacemos todos: y quién estaba detrás de esto, por qué sucedió esto. En Ecuador lo intentaron. Una de las pirámides de aquí se fue al Ecuador a montar una sucursal y a la media hora le había caído la policía y le había cerrado el chuzo. No alcanzaron a recoger ni un peso.
Es una lástima que esto esté pasando. El país se está descomponiendo en proporciones gravísimas y nadie da la cara. No responden, ni siquiera por los falsos positivos del ejército. Esto es de espanto lo que está pasando. Creo que sobre estos temas es importante fijar posición política y que cada uno de los senadores a los que les parezca que lo de las pirámides estuvo muy bien que lo digan y que defiendan al jefe del Estado y a sus ministros. Ya veremos quién va a tener la razón con el paso de unas cuantas semanas. Si la plata de verdad está toda ahí guardadita en las cajas fuertes esperando a que la policía llegue a entregársela a cada uno o va a empezar el embolate y la plata no va a aparecer.
