COLOMBIA: LA MINGA...ESTE VIERNES MARCHAREMOS DE LA U. NAL. Y NOS TOMAREMOS LA PLAZA BOLIVAR, URIBE AQUI TE ESPERAREMOS PARA DEBATIR, NO HUYAS !

MARCHAREMOS ESTE VIERNES DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HASTA LA PLAZA DE BOLÍVAR AL GRAN DEBATE ENTRE AUTORIDADES.

Señor Uribe, aqui nos quedaremos hasta que debatamos, no sea cobarde, no huya y enfrente la verdad!

Al no encontrar soluciones verdaderas, duraderas a la grave problemática social y de derechos humanos, las comunidades participantes en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, con el fin de concretar el debate público pendiente desde hace 4 años, el cual el 2 de noviembre ratificó en la María Piendamó el señor presidente Alvaro Uribe Velez, le ratificamos al Mundo los cinco puntos de la MINGA NACIONAL DE RESISTENCIA INDÍGENA, SOCIAL Y POPULAR.

1. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.

2. AGRESIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL.

3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.

5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES.

1. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.

• El presidente de la República debe resarcir públicamente el buen nombre de los Pueblos Indígenas de Colombia, de las organizaciones sociales y de las personas respetables a quienes este gobierno ha señalado de delincuentes, guerrilleros y terroristas; colocándolnos en inminente riesgo.

• Respeto y garantías a la libre movilización social como un derecho constitucional de los colombianos y colombianas.

• El gobierno nacional debe reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas de la violencia de Estado, que para el caso del departamento del Cauca se cuentan la masacre del Naya ocurrida en el año 2001, la masacre del Nilo ocurrida en el ano de 1,991, la masacre de Gualanday y la masacre de San Pedro ocurridas en el año 2.000, muertos y heridos en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra, la Cumbre Social de los Pueblos y de la Minga Social y Comunitaria. Así mismo para las víctimas de otros pueblos y organizaciones del país, como la masacre del Naya, de Bahía Portete, genocidio del pueblo Kankuamo, 18 oueblos en vías de extinsión, masacres en Antioquia, Chocó, Caldas, entre otras...

• Atención y reparación integral a la población desplazada y garantías para su retorno. como verdadaderas victimas.

• Asignación presupuestal y respeto a las iniciativas autónomas de protección establecidas en los territorios por las comunidades en el marco de sus Usos y Costumbres.

• Exigimos el desmonte de las estrategias que vinculan a las comunidades en el conflicto social y armado, tales como el pago de recompensas, batallones de alta montaña, familias guarda bosques, erradicación manual de cultivos de uso ilícito que se desarrollan en el marco de la política de seguridad democrática y el plan Colombia.

• Exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cual es violentado al instalar trincheras en medio de la población civil, utilizar a la población y las viviendas como escudo de guerra, bombardeos aéreos a la población civil, detenciones arbitrarias, ocupación de los sitios de asambleas permanentes y áreas civiles.

• Exigimos la salida negociada al conflicto social y armado, y el restablecimiento del acuerdo humanitario.

• Exigimos el respeto a labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso de investigación al proceso de la parapolitica.

2. AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL.• Desmilitarización total e inmediata de los territorios indígenas.

• Detener la entrega de concesiones en territorios indígenas a las transnacionales y multinacionales.• Detener las fumigaciones de cultivos de uso ilícitos en territorios indígenas, toda vez que afecta a la madre naturaleza y coloca en riesgo la vida.

• Detener el fomento de proyectos destinados al monocultivo. Al contrario exigimos fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y los procesos de conservación ambiental.

• Adoptar y respetar el papel de las autoridades tradicionales como legitimas autoridades ambientales en los territorios indígenas.

3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

• Mediante un acto jurídico el gobierno debe adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas declarada por la ONU, SIN RESERVAS.

4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.

• Desmonte inmediato del Estatuto de Desarrollo Rural- ley 1152 de 200 que viola abiertamente el convenio 169 de la OIT, desconoce los derechos indígenas y de los campesinos y legaliza el robo de tierras hecho mediante la violencia.

• Derogatoria de los decretos presidenciales: 616-2838, 616-2838, 1500 y 779.• Replanteamiento de legislación y de aplicación de la misma en los casos de ley 142 de 1.994, ley 1156 de 2007, estatuto minero, ordenamiento de cuencas.

• Respeto constitucional de la consulta previa y de los derechos especiales de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la aplicación de estas leyes y en la formulación de las nuevas.

• El Presidente de la República debe explicar porque se ignoro completamente la consulta a los pueblos sobre el TLC, realizada por indígenas y sectores sociales, y abrir un debate nacional sobre su conveniencia e inconveniencia, para transmitir sus conclusiones al congreso de los Estados Unidos.

• El presidente de la Republica debe garantizar el debate nacional y la consulta popular para la firma de tratados con otros con otros países y con la Unión Europea.

5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES.

• El gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata todos los acuerdos firmados entre la organización indígena, así como de las demás actores sociales y el Estado colombiano. Para que este tema sea operativo, se deben asignar de manera inmediata los recursos necesarios de acuerdo comolo establecen las comunidades. Para agilizar este tema, las comunidades han definido el método de trabajo que será socializado una vez se instale el debate.

La presente agenda de trabajo será robustecida con las exigencias, propuestas e iniciativas de la población y los sectores que se vayan vinculando a la Minga nacional.

Lo esperamos señor Presidente, en la Plaza de Nariño, "el patio de su palacio"; su presencia y respuesta de cara al país y el Mundo, es indelegable, para desarrollar un VERDADERO DEBATE entre AUTORIDADES, y no un MONOLOGO con presentacion de INFORMES.

LA MINGA NACIONAL DE RESISTENCIA INDIGENA Y POPULAR, LE PERTENECE A TODOS... PORQUE LA GRAN MAYORÍA DEL PUEBLO COLOMBIANO ES DESCONOCIDO, TANTO SUS AMENAZAS COMO SUS APORTES AL TEJIDO SOCIAL DE ESTA COLOMBIA MULTIETNICA Y PLURICULTURAL, EN SU MAYORÍA EN SÓLO PAPELES, COMO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1991.

En Alemania se apoya la Minga indigena Colombiana, La Andanada contra los Indigenas, Los Wayuu solidarios.

Jornada de solidaridad en Berlín con la Minga popular en Colombia!!!!!

El día de hoy se movilizó la comunidad migrante y alemana en Berlín para solidarizarse con la minga popular en Colombia y para exigirle al estado colombiano el cese a la represión.

A pesar de las órdenes explícitas de la policía alemana de retirarnos 50 metros de la embajada, las adversidades del clima y la indiferencia de los funcionarios de la embajada, nos reunimos para decir YA BASTA!

Con contundentes y diversos discursos logramos expresar cuan importante son las movilizaciones en Colombia y que tan implicado esta el gobierno en la represión y exterminio de sus pueblos.

Se leyeron las exigencias de la minga y algunos de los sus comunicados. También nos enteramos de otras movilizaciones y eventos de solidaridad aquí en Alemania en las cuales participaremos activamente. Es importante hacer eco y demostrarle a los compañeros y compañeras que allí resisten, que dentro los manifestantes hay exiliados, estudiantes, personas de diferentes nacionalidades que se unen a la causa y que comparten plenamente la lucha de la minga. Al igual que el pueblo colombiano nos sentimos indignados por las prácticas atroces apoyadas sino dirigidas por el gobierno Colombiano.
Una vez mas reiteramos nuestro apoyo y seguimos con atención cada paso que da la minga, porque nos conmueve profundamente no estar en el país por diferentes razones.

Ese mismo país que nos quita las oportunidades, nos reprime, nos envía al exilio, nos niega la entrada, nos separa de nuestras familias y nos obliga a pedirle ayuda al estado Alemán, el mismo que apoya la guerra en los llamados países“ tercermundistas ”, que explota nuestras tierras para seguir alimentando su alto y derrochador estilo de vida, que limita a sus refugiados, que deporta indiscriminadamente y a la vez se posiciona hipócritamente como defensor de derechos humanos pero que continuamente los viola.
Adjuntamos la carta que entregamos a la embajada después de la protesta y esperamos que este acto de solidaridad les de fuerza para seguir luchando.

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La Andanada contra los Indigenas
Por Weildler Guerra Curvelo*

Antropólogo y profesor universitario de la etnia Wayúu

Seria un crimen institucionalizar la marginación y exclusión de los pueblos originarios, incitando al resto de la sociedad a considerarlos como los nuevos responsables de las inequidades del país

En las últimas semanas, el país ha presenciado una andanada de declaraciones en contra de los miembros de los pueblos indígenas de Colombia por parte de altos funcionarios del gobierno central, y de columnistas afectos a este. La virulencia inesperada de esos ataques nos muestra que el país al parecer transita de una etapa en donde predominaban las actitudes soterradas de prejuicios racistas, por parte de algunos grupos e individuos de la sociedad dominante, a una etapa de discriminación institucionalizada de los pueblos originarios promovida desde los más altos niveles de decisión del país.
Como para que no hubiese dudas sobre la oficialidad de esta postura fue el propio Presidente de la República quien inició la embestida al denunciar la existencia de una gravísima inequidad en materia de tierras y revelar que un grupo de privilegiados ciudadanos colombianos: las comunidades indígenas, que representan solo el 2.2 por ciento de la población, tienen el 27 por ciento de las tierras del país. El ministro de agricultura se sumó -como no hacerlo- a las declaraciones de su superior y afirmó que en las marchas indígenas del Cauca eran inspiradas por terroristas.

La columnista María Isabel Rueda afirmó que las actitudes de los indígenas de aferrarse a sus leyes y costumbres la “enfermaban” y el general Valencia Tovar consideró que el camino a seguir es buscar rápidamente “ la forma de integrar a indígenas y negritudes africanas al cuerpo social de la nación” No dejó claro el general si esa integración se haría mediante el retorno a las misiones religiosas similares a las del siglo XIX. Estas groseras simplificaciones parecen constituir el norte de un nuevo horizonte ideológico que se trata de imponer al país desde las alturas del poder económico y político. Ya se comentaba en los cocteles de los empresarios y en los costureros de las damas bogotanas que el reconocimiento de los territorios indígenas en la constitución de 1991 había sido un “error histórico” muy costoso para el desarrollo futuro del país.

Curiosamente, ahora que se acercan fechas conmemorativas como el bicentenario bien valdría la pena invertir la reflexión a partir de esos planteamientos perversos y preguntarnos ¿Cómo estos grupos humanos llegaron a perder el 73 por ciento de su territorio?¿ ¿Cómo en este territorio, que en un acto de fe llamamos Colombia, sus habitantes originarios pasaron a ser solo el 2.2 por ciento de la población? ¿Cuántas de estas hectáreas corresponden a parques nacionales o a tierras no aptas para la agricultura?.

Apelar al argumento de la mayoría demográfica para justificar la dominación de las minorías étnicas y culturales constituye una visión de evolucionismo social difícil de justificar hoy en el escenario internacional. La clave del asunto se encuentra en la construcción histórica del Estado-Nación, en Colombia que ignoró la presencia de unos pueblos históricos cuya organización política, social y jurídica preexistía a la República. El reconocimiento de sus derechos no constituye una amenaza para los demás colombianos.

Dadas las profundas inequidades existentes en materia social y económica entre estas comunidades y el resto de la nación lo que estos Pueblos buscan no es una mera igualdad retórica: la de ser iguales ante la ley, sino una real: la de ser iguales a través de la ley. En lugar de presentar a los miembros de los pueblos indígenas como nuevos latifundistas y de tomar una actitud anti-pobres, el gobierno central y otros sectores económicos de la sociedad nacional deberían dedicar su esfuerzos a romper el circulo de violencia sistemática, discriminación y pobreza en que se encuentran sumidos sus conciudadanos indígenas. Esta situación dramática trasciende lo nacional.

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la esperanza de vida para los 300 millones de indígenas del planeta es de 10 a 20 años menor que la del resto de la población; la mortalidad infantil es 1,5 a 3 veces mayor que el promedio de los miembros de las poblaciones no indígenas.. Seria un crimen institucionalizar su marginación y exclusión incitando al resto de la sociedad nacional a considerarlos como los nuevos responsables de las inequidades sociales y económicas del país. Los pueblos indígenas de Colombia constituyen el fundamento mismo de la nacionalidad y si se aprenden las lecciones históricas de lo sucedido en Ecuador y Bolivia son para los gobiernos un referente de su legitimidad.

wilderguerra@gmail.com

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Comundiades Wayuu solidarios con la minga

La Alianza Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayuu, rechaza los actos de violencia en contra de las mujeres indígenas que participan en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, así como condenamos los señalamientos en contra de la Consejera Mayor Aida Quilcué, a quien el Gobierno Colombiano sindica de tener nexos con la guerrilla, para intentar justificar sus actos de barbarie. En el país, sistemáticamente se ha desmontado la legislación existente que protegiera los derechos de los pueblos indígenas, para favorecer los intereses inversionistas de compañías multinacionales que llegan a nuestros territorios para explotar los recursos naturales.

La imposición de políticas neoliberales, acuerdos de libre comercio, la militarización, planes de guerra supuestamente antiterroristas y megaproyectos que vulneran nuestros derechos, atentan contra la pervivencia de nuestros pueblos.

La Sütsüin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu, se solidariza con la gran Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular que lideran los indígenas del Cauca en Colombia, quienes marchan en estos momentos hacia la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca. 12 días han transcurrido desde que se inició la movilización de los indígenas de Colombia, quienes demandan respeto por la vida, por sus derechos y su territorio, y ya ha cobrado por parte de la fuerza pública y otros organismos de seguridad del Estado colombiano, varios indígenas muertos y centenares de heridos.

En aras de “concertar la palabra para convertirla en camino”, nos sumamos a la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular con el lanzamiento de La Campaña por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra Wounmainkat – Nuestra Tierra, para informar y concientizar en el territorio del Pueblo Wayuu, acerca del genocidio que se comete en contra de los Pueblos indígenas en Colombia y las mujeres indígenas. Anunciamos que la hora cero para sumarnos a la gran Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, es el 20 de noviembre de 2008, para lo cual convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantes, campesinos y demás sectores del departamento de La Guajira, a unirse a la Caravana por Wounmaikat del 20 al 23 y el 24 y 25 de noviembre, al Foro en Homenaje a Wounmaikat – Nuestra Tierra y a las víctimas Wayuu de la violencia política y crímenes de estado que, a esta fecha suma más de 250 Wayuu, asesinados y desaparecidos. Informes Celular 310 729 8824 – 300 805 9265.

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Wall Street es parecido, a otra pirámide, solo que en inglés y en dólares
Texto de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo sobre el problema de las pirámides, Comisión Quinta, 18 de noviembre de 2008

Tengo la certeza, y ojalá me equivoque, de que ahí ya hubo pérdidas inmensas. Con esos decretos de ayer el gobierno está intentado lanzar la idea de que aquí no va a pasar nada y que en unos días a la gente le devuelven la plata o casi toda y que “tranquilos, muchachos, todo bajo control”. Eso no es cierto, ojalá lo fuera, pero no creo. No creo que cuando abran las cajas fuertes de esas oficinas, los gerentes van a estar con la plata esperando a que lleguen por ella. Eso no funciona así. Todos sabemos que cuando se caen las pirámides o las tumban, porque caben las dos posibilidades, o se caen solas o las “pinchan”, como se dice, como sucedió en este caso en buena medida por parte del gobierno, todo el mundo sale entonces despavorido y la plata se pierde en proporciones inmensas. Dejémoslo claro, no les echen ese cuento a los colombianos. Las pérdidas nadie sabe de cuánto van a ser, pero van a ser enormes, y no sabemos cuántos serán los colombianos perjudicados: ¿doscientos mil, trecientos mil, un millón?
Y lo que es más lamentable es que toda la responsabilidad de este asunto les cae al gobierno nacional y en persona al presidente de la República y a su ministro de Hacienda. Porque la situación es bien sencilla: o las pirámides eran legales o eran ilegales. Solo dos posibilidades: o son ilegales o no lo son. Si son ilegales, como yo lo creo, porque están prohibidas por el Decreto 2920 de 1982 y por el artículo 189 de la Constitución Nacional, el Estado colombiano ha debido impedir desde hace meses o años que se abrieran. El negocio operó en las narices de todo el mundo. Por estos días recuerdo haber visto en Tumaco un montón de gente en un local, y pregunté, qué está pasando allí, senador, la pirámide, aquí todo el mundo se está volviendo rico con eso. Y la policía cuadraba la fila para guardar el orden. El negocio funcionó con una inmensa presunción de legalidad. No pueden decirles a los colombianos: es que ustedes colombianos son muy locos y se ponen a meter su plata ahí. No, el Estado permitió que se transmitiera la idea de que era absolutamente legal. Y por eso crecieron y si no, no hubieran crecido. Si el Estado hubiera tomado hace meses las medidas de ayer, no habría pasado lo que pasó.
O eran legales, como dicen otros, y entonces el Estado se tiró el negocio. No hay sino esas dos posibilidades, pero en los dos casos, toda la responsabilidad cae allá bien arriba, no es solo sobre el superintendente financiero. ¿Y el doctor Óscar Iván Zuluaga, qué? El propio presidente de la República fue capaz de decir la semana pasada, y es capaz de decir cualquier cosa, que allá en Wall Street se vengan a invertir en Colombia que aquí no se le pierde la plata a nadie. ¡Háganme el favor! Claro, porque lo de Wall Street es parecido, otra pirámide, solo que en inglés y en dólares.
Estas medidas que están sacando son una cortina de humo para ocultar la responsabilidad del gobierno. No han dado la cara lo suficiente. Pienso que por lo menos debería renunciar el ministro de Hacienda, como una manera de pedirles perdón a los colombianos por esa conducta. La Policía tenía plata en las pirámides, el Das, todo el mundo en Colombia tenía plata en las pirámides. El presidente de la República, en vez de cumplir la ley, se puso a dar consejos. Aquí hay una pregunta que nos hacemos todos: y quién estaba detrás de esto, por qué sucedió esto. En Ecuador lo intentaron. Una de las pirámides de aquí se fue al Ecuador a montar una sucursal y a la media hora le había caído la policía y le había cerrado el chuzo. No alcanzaron a recoger ni un peso.
Es una lástima que esto esté pasando. El país se está descomponiendo en proporciones gravísimas y nadie da la cara. No responden, ni siquiera por los falsos positivos del ejército. Esto es de espanto lo que está pasando. Creo que sobre estos temas es importante fijar posición política y que cada uno de los senadores a los que les parezca que lo de las pirámides estuvo muy bien que lo digan y que defiendan al jefe del Estado y a sus ministros. Ya veremos quién va a tener la razón con el paso de unas cuantas semanas. Si la plata de verdad está toda ahí guardadita en las cajas fuertes esperando a que la policía llegue a entregársela a cada uno o va a empezar el embolate y la plata no va a aparecer.

COLOMBIA, LA MINGA CONTINUA: Comienza la gran marcha de la minga indígena a Bogotá

Noviembre 10.- Hoy lunes 10 comenzó la gran marcha de decenas de miles de indígenas de la minga, la palabra que camina, denunciando los crímenes de Estado contra las comuniidades y el incumplimiento gubernamental a los acuerdos.

Un recorrido de más de 400 kms, en un hecho sin precedentes quzá en América Latina. Llegarán a la capital el miércoles 19 de noviembre. Desde ya preparar el recibimiento a los compatriotas. Vea ruta de la marcha.
Ruta del recorrido de la Minga hacia Bogotápor Comisión Logística Minga de los Pueblos Sunday, Nov. 09, 2008 at 6:46 PM

A continuación damos a conocer la ruta que caminaremos hacia Bogotá con los procesos sociales y populares, es una propuesta provisional que en el camino puede cambiar.

Propuesta provisional de la Ruta de la Minga:Día 9 de noviembre Cali : llegada de las comunidades indígenas y sectores sociales a la Cali (UNIVALLE).

Día Lunes 10 Cali: marchamos desde la Universidad del Valle por la Avenida Simón Bolívar hacia las afueras de Cali (15 kilómetros) , luego en chiva nos desplazamos hasta Palmira. Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Palmira.

Día Martes 11 Palmira a Armenia: salimos temprano hacia Armenia en Chiva; Marcha desde la entra de Armenia hasta el Parque Central (5 kilómetros). / Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Armenia.

Día Miércoles 12 Armenia a Ibagué: salimos en Chiva desde Armenia a la entrada de Ibagué, marchamos desde la entrada hasta la plaza central (8 kilómetros) / Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Ibagué.

Día Jueves 13 Ibagué a Gualanday / Chicoral: salimos en chiva de Ibagué al municipio de Gualanday, marchamos de Gualanday a Chicoral (10 kilómetros) / Audiencia Pública / Nuevo Pacto de Chicoral para la Reforma Agraria Integral desde los Pueblos y Sectores Sociales / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Chicoral.

Día Viernes 14 Chicoral a Fusagasugá: salimos en chiva de Chicoral a Fusa, marchamos por fusa hacia el parque central / Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Fusa.

Día Sábado 15 Fusa a Silvania: marchamos de Fusa a Silvana (10 kilómetros) / Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Silvana.

Día Domingo 16 Silvania a Subia: marchamos de Silvana a Subia (12 Kilómetros). / Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Subia.

Día Lunes 17 Subia a Granada: marchamos de Subia a Granada (20 Kilómetros) Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Granada.

Día Martes 18 Granada a Soacha: marchamos de Granada a Soacha (12 Kilómetros) / Audiencia Pública / Reunión con los sectores sociales / Dormida en Soacha.

Día Miércoles 19 Soacha a Bogotá: marchamos de Soacha a Bogotá (25 Kilómetros) Reunión con los sectores sociales / Dormida en Bogotá

Día 22 viernes: reunión con la comisión de verificación y seguimiento internacional.

Día 24 Bogotá: interlocución con los diferentes Sectores y Organizaciones Sociales / Audiencia Pública / Instalación del Congreso de Organizaciones Sociales / Marcha hacia la Casa de Nariño / Debate con el Gobierno Nacional / Agenda y Mandato de los Pueblos y Organizaciones Sociales.

Uribe accusé d'entraver une enquête sur les paramilitaires

Uribe accusé d'entraver une enquête sur les paramilitaires
Selon l'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch, le chef de l'État colombien ferait tout pour bloquer l'enquête portant sur les crimes des paramilitaires soupçonnés de collusion avec certains hommes politiques.
L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) a accusé jeudi le gouvernement du président colombien Alvaro Uribe de freiner les efforts de la justice pour enquêter sur les crimes commis par les paramilitaires et leurs liens avec la classe politique.
Cette accusation a été rejetée par la vice-présidence colombienne, qui a qualifié le rapport de HRW de "ridicule" et "mensonger"."Sabotage", "obstruction", "mise en danger": Jose-Miguel Vivanco, qui dirige le département des Amériques de HRW, n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier l'attitude de l'exécutif à l'égard de la justice, lors de la présentation à Bogota du rapport de l'organisation sur les enquêtes menées en Colombie sur les paramilitaires.
Selon HRW, "si le gouvernement d'Uribe continue sur ce chemin, il est probable que les énormes efforts des tribunaux et procureurs colombiens pour enquêter sur les complices des paramilitaires n'arrivent pas à casser le pouvoir des mafias".Le rapport, publié alors que la situation des droits de l'Homme en Colombie va être examinée en décembre par la commission de l'ONU chargée de cette question, énumère une liste de comportements jugés "inquiétants" du gouvernement.M. Vivanco s'est notamment insurgé contre "les attaques personnelles visant la Cour suprême", chargée d'enquêter sur les liens présumés entre une soixantaine de parlementaires appartenant pour la plupart à la majorité présidentielle et les paramilitaires, attaques qu'il a qualifiées de "campagne destinée à décrédibiliser la Cour suprême et parfois le parquet, lorsqu'ils enquêtent sur des sujets sensibles"
.Le rapport de HRW dénonce également l'attitude du gouvernement qui s'oppose d'une part à une réforme du Congrès destinée à éliminer l'influence sur les élus des paramilitaires, mais soutient d'autre part des réformes constitutionnelles qui élimineraient la compétence de la Cour suprême pour ces dossiers.Les groupes paramilitaires, encore actifs dans le sud-ouest et le nord-est du pays, sont apparus en Colombie pour défendre les terres contre les guérillas des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc - marxistes) et de l'Armée de libération nationale (ELN - guévariste).Mais les milices d'extrême droite, avec la complicité par endroits de l'armée ou d'autorités locales, se sont rendues coupables de tortures ou d'exécutions extrajudiciaires de milliers de personnes, forçant aussi des centaines de milliers de Colombiens à fuir leurs villages pour s'emparer de leurs terres.
Le gouvernement d'Alvaro Uribe, élu en 2002, se félicite d'avoir obtenu la démobilisation de plus de 30.000 de ces miliciens en échange d'amnisties partielles.Mais ses opposants l'accusent de freiner les enquêtes gênantes pour le pouvoir, comme celle portant sur le massacre en 1997 de 15 personnes à El Aro, dans le département d'Antioquia (nord-est), dans laquelle l'ex-paramilitaire Francisco Villalba a accusé M. Uribe, alors gouverneur de la province, d'avoir participé à une réunion de planification de cette opération paramilitaire.En mai, le gouvernement a en outre donné son feu vert à l'extradition de 14 des principaux chefs paramilitaires colombiens vers les Etats-Unis, pour trafic de drogue, soulevant une nouvelle polémique, car il paralysait de fait les investigations menées par la justice colombienne sur leurs crimes.
Dans son rapport, HRW recommande que la Cour pénale internationale (CPI) puisse superviser les enquêtes sur les crimes des paramilitaires.L'ONG demande aussi au Congrès américain de ne pas ratifier de traité de libre-échange avec la Colombie tant que des "résultats concrets et constants" de ces enquêtes n'ont pas été constatés.La vice-présidence colombienne a aussitôt rejeté le rapport de HRW. Il est "ridicule" de prétendre que le gouvernement ne cherche pas à ce que "toute la lumière soit faite rapidement" sur "les violences commises par tous les groupes armés", a-t-elle déclaré un communiqué.Pour la vice-présidence, le rapport de HRW est "biaisé", "mensonger", "chargé d'animosité personnelle" et résulte de "manipulations".

LA MINGA INDIGENA CONTINUA: SALIMOS PARA BOGOTA EL 10 DE NOVIEMBRE...QUE LAS NACIONES DEL MUNDO SEPAN QUE URIBE Y SU GOBIERNO NOS ESTA MATANDO !

Después de terminar el “debate” con el presidente de la República, los indígenas y sus autoridades a nivel local, regional y nacional, continuaron con la evaluación interna y sobre todo luego de consultar con sus bases en todo el territorio Colombiano, en la tarde de hoy ratificaron la posición del día anterior.
La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular continúa con la marcha hacia BAKATÁ, hoy la capital de País del Sagrado Corazón, Santa Fe de Bogotá.
Desde la María Piendamó, la fecha acordada es el domingo 9 de noviembre, cuyo punto de reencuentro será otra vez la Universidad del Valle, de la Ciudad de Santiago de Cali, para los del occidente colombiano, de donde a juicio de muchos no debió retroceder la marcha el pasado 26 de octubre, después del incumplimiento de Uribe a la cita programada. De modo que, mientras muchos llegarán en chivas “buses escaleras” del Occidente Colombiano, de otras regiones como del Centro, Norte, Orinoquía y Amazonía, definirán esta semana las rutas para fortalecer el río humano de la resistencia de la dignidad de los Pueblos, que comenzó a tejerse el 10 de Octubre desde Cuatro Vías en la Guajira. Para los pueblos indígenas dar varios pasos atrás, en este caso dos semanas, es para coger impulso hacia un salto preciso y ese es propiciar el debate en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Será la cuarta fase de esta mochila (jigra) de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, de la mano con otros sectores que padecen igual el desconocimiento de sus apuestas y aportes.
La cita entonces, “la próxima semana es nuevamente en las carreteras colombianas, bajo el manto de solidaridad nacional e internacional, y como lo han pronosticado del invierno en cuanto a lluvia y de resistencia de sectores derechistas que azota el país”, así lo indicó el Consejero Mayor de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama, quien ratificó que temas como “limpiar el buen nombre de los Pueblos y la adopción de la declaración de la ONU sobre pueblos Indígenas no puede ser sujeto de entregar nuestros derechos como el de la consulta, el subsuelo y el respeto de los territorios indígenas donde prima el gobierno y autonomía de cada pueblo”.
Comunica ONIC
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA –ONIC
¡POR QUE NOS DEBEMOS AL MANDATO DE NUESTRA BASE, EL PUEBLO!
Contacto: +(57) 2811845+(57) 315 857 2995 Consejero Mayor ONIC.

NOTAS BREVES- NOTAS BREVES

Ultima hora........
Cayò el General Mario Montoya, deja la dirección del Ejército.
Como se venía rumorando, este martes se anunció la salida del comandante del Ejército, general Mario Montoya, uno de los mayores implicados en masacres y asesinatos de civiles en Colombia.


Aguazul: reflejo del paramilitarismo
Se investiga la suerte que corrieron 1.500 personas. En carro de la Alcaldía se los llevaron.
De la investigación adelantada en contra del detenido alcalde de Aguazul, Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez, conocido como El Patón, para la Fiscalía es evidente que tuvo una íntima alianza con el grupo de Autodefensas Campesinas del Casanare comandadas por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, que se convirtió en una “bien definida empresa criminal” que pudo haber conducido a la desaparición forzada de unas 1.500 personas, al reclutamiento de menores y adultos para los paramilitares y a secuestros, homicidios y extorsiones.



“Son más de mil las desapariciones en Colombia”: Fiscal

El jefe del ente investigador manifestó que sus pronunciamientos frente al tema de los falsos positivos registrados en las Fuerzas Ar en ningún momento han sido de manera acelerada o precipitada.
Según Iguarán Arana, sus manifestaciones ante dicha irregularidad están basadas en hechos y pruebas que fueron analizados con mucho detenimiento frente al hecho de las ejecuciones extrajudiciales, con datos y estadísticas recolectados desde hace más de un año.

Ministro Santos deberá responder por desaparecidos
El ministro de Defensa colombiano, José Manuel Santos fue citado por la Comisión Segunda de la Cámara, para que responda por la desaparición de los jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en Cimitarra y Ocaña (al norte de Santander).Durante la sesión, Santos comparecerá este martes junto al comandante del Ejército Nacional, el general Mario Montoya.Montoya también será interrogado por los senadores, lo mismo que el fiscal general, Mario Iguarán, que concurrirá como invitado a la sesión.La sesión fue convocada luego que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe anunció el pasado 29 de octubre, la destitución de 25 miembros del Ejército colombiano, por estar vinculados en la desaparición de los jóvenes.

Chávez está dispuesto a convesar con Obama si llega a la Presidencia

El Presidente Hugo Chávez manifestó el domingo, mientras participaba en un acto de inicio de obras del Aeropuerto Internacional de Barinas, estar dispuesto a sentarse a conversar con Barack Obama, candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, si éste logra la victoria en las elecciones de este martes 4 de noviembre.

Marx vuelve a las Universidades alemanas

La crisis financiera mundial, que algunos creen es económica y del sistema, causó no sólo el relanzamiento de Karl Marx en las librerías alemanas, sino también la recuperación de su obra cumbre, "El Capital", por parte de gran cantidad de universidades del país.
Los estudiantes se muestran entusiasmados por el pensamiento del filósofo, mucho más después de que sus posiciones y vaticinios fueron recuperados inclusive por un obispo católico, en tanto los profesores propician lecturas y debates.

En España: El 15 de noviembre las ciudades se manifestarán contra la refundación del capitalismo

COLOMBIE: Scandale de la parapolitique, Uribe et les Paramilitaires

Le scandale de la parapolitique a éclaté en 2006 en Colombie, après le changement de majorité au congrès américain et la réelection avec une très forte majorité du président Alvaro Uribe. Une série de révélations de presse, d'arrestations et de décisions de justice ont fragilisé les paramilitaires d'extrême-droite, liés aux trafiquants de drogue et accusés de divers massacres ainsi que leurs soutiens dans les services secrets et des politiques d'envergure, parfois très proches du président Alvaro Uribe. L'une des arrestations les plus retentissantes sera en février 2007 celle du chef des services secrets colombiens, accusé d'avoir informé les groupes paramilitaires des actions de l'armée.
Ce processus a trouvé ses germes dans l'amnistie accordée par Uribe aux paramilitaires des Autodéfenses Unies de Colombie (AUC), dirigées par Carlos Castaño (1965-2006) et Salvatore Mancuso, avec la loi dite de « justice et paix » de juillet 2005, votée sous le gouvernement Uribe et accompagné d'importantes opérations de désarmement des paramilitaires, qui ont isolé les éléments les plus durs.
La découverte du plan Ralito, signé par Salvatore Mancuso, "Jorge 40" et d'autres leaders des AUC, ainsi que plusieurs politiciens (dont le gouverneur de Sucre et de Cordoba et une dizaine de parlementaires), a dévoilé l'existence d'une stratégie des AUC, dénommée « plan Birmanie », pour renforcer leur influence et s'emparer du pouvoir politique, d'abord dans la région Caribe sur la côté atlantique, puis au niveau national.

Effets principaux du scandale
Ce scandale a abouti à l'arrestation de sénateurs proches d'Uribe (Alvaro García, Jairo Merlano et Erick Morris) puis de celle d'un des ex-chef des services de renseignement, le Département administratif de sécurité (DAS), Jorge Noguera [1]. 64 congressistes (soit le quart du Congrès [2]) ont été identifiés par la Cour suprême de justice dans le scandale de la parapolitique, dont 32 sont aujourd'hui en détention [3].
Le 16 février 2007, la Cour suprême de justice a ordonné l'arrestation de six parlementaires liés aux paramilitaires, dont Álvaro Araújo Castro, le frère de la Chancellière et Ministre des Affaires étrangères, María Consuelo Araújo, qui démissionna quelques jours après. L'ex-ministre Álvaro Araújo Noguera, père des deux pré-cités, a aussi été accusé d'association de malfaiteurs (formation de groupes paramilitaires) et d'avoir participé à un enlèvement aggravé [4].
La même année, l'ex-sénateur Mario Uribe Escobar, cousin germain du président Uribe, a du démissionner de son poste de sénateur en raison de ses liens avec les paramilitaires [5], avant d'être arrêté et incarcéré, en avril 2008, après une tentative de demande d'asile au Costa Rica, à la prison de Bogota [3]. Alvaro Uribe a révélé, le 23 avril 2008 à la radio privée Caracol, qu'une enquête avait été ouverte contre lui dans le cadre de l’investigation sur le massacre d’Aro de 1997, au cours duquel 15 paysans accusés d’aider les guérilleros des FARC avaient été tués par les paramilitaires avec l’aide de l’armée colombienne; Uribe a nié toute implication [3][6][7][8][9].
Mario Uribe est l'associé politique du président Uribe depuis plus de 20 ans. Depuis leur élection au Parlement en 1986, les deux cousins ont fondé ensemble le parti Colombia Democratica, dont la totalité des élus au Parlement sont aujourd'hui emprisonnés [7].
Une enquête a aussi été ouverte contre Nancy Patricia Gutierrez, présidente du Sénat, et Carlos García, président du parti U [6][10].
Selon les enquêtes en cours, plusieurs dirigeants politiques et hauts fonctionnaires colombiens auraient bénéficiés de ces alliances via l'intimidation et les actions armées des groupes paramilitaires contre la population civile. Suite à l'amnistie de 2005 et à la démobilisation relative des AUC, certains paramilitaires ont obtenus des postes dans les conseils municipaux, les assemblées municipales ainsi qu'au Congrès et dans d'autres organes étatiques. D'un autre côté, certains politiques sont accusés de détournement de fonds, utilisés pour financer les groupes armés illégaux, et auraient aussi organisé des fuites facilitant leurs opérations, qui incluent des massacres, assassinats, déplacements forcés de population afin d'augmenter leur puissance [11].
Conséquences internationales.
Le scandale de la parapolitique a influencé les relations internationales de la Colombie, avec une apostrophe de la démocrate Nancy Pelosi, Speaker de la Chambre des représentants des États-Unis, exigeant d'Uribe, en mars 2007, qu'il condamne les militaires liés aux paramilitaires, qui figurent sur la liste des organisations terroristes de l'OEA (Organisation des Etats d'Amérique) [12]. Majoritaires dans les deux Chambres, les démocrates se sont saisis de l'affaire pour réduire l'aide militaire apportée à la Colombie (principalement dans le cadre du plan Colombie) et d'ajouter des conditions à l'aide économique versée [13].
L'ex-vice-président des Etats-Unis, Al Gore, a annulé en avril 2007 sa participation à un forum environnemental où devait participer Uribe, en affirmant que les soupçons à son égard devaient d'abord être dissipés. Uribe a rejeté ces accusations, qu'il présenta comme des calomnies, et s'est déclaré navré de la décision d'Al Gore [14].
Le président Uribe a ensuite entrepris une tournée aux Etats-Unis afin d'obtenir l'appui des membres du Congrès états-unien pour signer le Traité de libre-échange entre la Colombie et les Etats-Unis, dont la signature pourrait être hypothéquée aux conséquences du « Paragate », comme on l'appelle aussi dans la presse nationale. Il a rencontré à cette occasion Nancy Pelosi, qui lui répondit que pour avoir l'appui du Parti démocrate, il fallait impérativement que le gouvernement soumette à la justice tous les fonctionnaires compromis par ce scandale, tout en regrettant l'impunité accordée aux crimes faits à l'encontre des syndicalistes [15]. Un nouveau voyage d'Uribe n'a pas eu plus de succès.
Le scandale de la parapolitique a amené le président colombien Uribe a arbitrer, au sein de son administration, en faveur de ceux qui souhaitent un désarmement à grande échelle des paramilitaires et sans trop de concessions.

Antécédents
Bien que les AUC, fondées en 1997 à partir d'une fusion des différents groupes paramilitaires eux-mêmes issus de la Violencia des années 1960, sont soupçonnés de longue date d'avoir tissé des liens avec la classe politique et les forces armées colombiennes, c'est l'émergence de ce scandale, avec la découverte en particulier de l'ordinateur de Jorge 40, qui a permis à la justice colombienne d'initier des enquêtes et d'arrêter plusieurs politiciens.
Dès mai 2005, le député Gustavo Petro (Pôle démocratique alternatif, deuxième force politique du pays depuis l'élection de mai 2006 [16]) dénonce la complicité entre les paramilitaires et certains politiques, accusant notamment le sénateur Alvaro García Romero (aujourd'hui incarcéré) d'être le co-inspirateur d'un groupe paramilitaire, en 1997, avec Salvador Arana, ex-gouverneur de Sucre et alors ambassadeur au Chili, Miguel Nule Amín, Salvatore Mancuso, chef des AUC, Eduardo Cobo (alias 'Diego Vecino'), Salomón Fériz (frère du député José Luis Fériz)et deux membres de l'armée [17][18][19]. Le groupe était accusé d'avoir commis des assassinats ainsi que le massacre de El Chengue, en janvier 2001, qui fit 25 morts [17]. L'action judiciaire contre ce groupe a, selon Petro, notamment été bloqué par José Feliciano Yepes, aujourd'hui emprisonné à Caracas pour tentative d'assassinat contre le président vénézuélien Hugo Chávez [17].
Petro dénonça aussi, preuves à l'appui, le sénateur Alvaro Romero, pour son implication dans le massacre de Macayepo (15 morts). Député depuis plus de 20 ans, Romero s'est rendu à la justice le 16 novembre 2006 après une courte cavale [20]. En outre, Petro dénonce alors les liens entretenus avec les AUC, et en particulier avec Diego Vecino et Rodrigo Mercado Pelufo (alias Cadena), de l'ex-députée Muriel Benito Rebollo. Cette dernière a alors nié cela, mais l'apparition de son nom dans l'ordinateur de 'Jorge 40' en tant que candidat de 'Diego Vecino' pour les élections de 2006 conduit à sa condamnation à 6 ans de prison [21][22].
Un mois après, Clara López Obregón, la dirigeante du Pôle démocratique alternatif, dénonce devant la Cour suprême de justice les liens soupçonnés de membres du Congrès avec les AUC, après avoir pris connaissance des propos de Salvatore Mancuso, chef des AUC, selon lesquels 35% du Congrès « sont des amis » de son organisation [4].
La même année, Jorge Noguera Cotes, l'ex-directeur du Département administratif de sécurité (DAS), un des services de renseignements colombien, a fait l'objet d'une enquête sur la base de plusieurs accusations, dont l'une émanant de l'ex-chef des services informatiques du DAS, Rafael García, un témoin-clé des enquêtes. Ce dernier accusait Noguera de mettre le DAS à disposition des AUC dans le nord du pays [23].
Devant l'accusation de médias tel que la revue Semana, le président Uribe s'est indigné, affirmant qu'il « mettrait sa main au feu pour lui » [Noguera]. Ce dernier a cependant dû démissionner, et a été nommé comme consul à Milan, avant de devoir démissionner à nouveau et être inculpé, en janvier 2006, accusé d'« association de malfaiteurs » et d'avoir collaborer et informer illégalement les paramilitaires [24]. Noguera a été arrêté le 22 février 2007 [25].
En juillet 2006, la Cour Constitutionnelle conditionna la loi « de justice et de paix », amnistiant les AUC, à des « aveux pleins et sincères », à la révélation de « la localisation des corps des desaparecidos » et au dédommagement financier des victimes [26], sans quoi elle était déclarée anticonstitutionnelle [13]. C'est grâce à ces amendements que l'incarcération de 58 paramilitaires (sur un total de 30 000 combattants démobilisés [27]), préalable à leur amnistie, a incité ceux-ci à révéler des informations concernant leurs liens avec l'armée et les politiques, afin de pouvoir bénéficier de la loi, qui a établi un plancher maximal de 8 ans de prison pour les crimes commis, quels qu'ils soient [2]. Salvatore Mancuso a alors révélé plusieurs crimes compromettant les politiciens de plusieurs régions du pays [27].

L'ordinateur de 'Jorge 40'
Les enquêteurs sont d'abord partis d'un ordinateur d'un certain 'Don Antonio', homme de confiance de Rodrigo Tovar Pupo (alias 'Jorge 40'), chef du Bloc nord des AUC, dans lequel ils ont trouvé des fichiers révélant de multiples crimes commis contre des syndicalistes et membres de la société civile dans la région Caribe sur la côte Atlantique, et l'alliance avec différents politiciens, dont des maires, des gouverneurs et des candidats aux législatives, avec l'objectif d'étendre leur influence. Les crimes comptent plusieurs massacres, assassinats, et un nombre inconnu de députés et d'autres responsables politiques élus grâce à l'influence et à l'intimidation des paramilitaires [27]. Bien des crimes détaillés dans l'ordinateur de 'Jorge 40', lui-même accusé d'avoir assassiné plus de 50 membres de la société civile entre 2004 et 2006 [27], ont été commis après le cessez-le-feu des AUC. L'ordinateur révéle en outre les fraudes électorales ayant facilité l’élection puis la réélection de Uribe en 2002 et 2006 [1].
Ces révélations ont poussé le procureur Edgardo Maya Villazón a déclaré que ce scandale serait équivalent voire pire au procès 8 000, qui a touché l'ex-président Ernesto Samper, accusé d'avoir financé sa campagne électorale de 1995 grâce aux fonds des paramilitaires. Devant être jugé par le Congrès, Samper a été exonéré par celui-ci, mais son ministre de la Défense, Fernando Botero Zea, et son trésorier de campagne, Santiago Medina, ont été incarcérés. Quatre députés membres de la coalition parlementaire appuyant Uribe, Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char et Alvaro García Romero, ont été éclaboussés par les informations contenues dans cet ordinateur [28].

Le Pacte de Ralito
Extrait du Pacte de Ralito, document signé le 23 juillet 2001, sur lequel on peut voir la signature des dirigeants des AUC, dont celle de 'Jorge 40', aux côtés de celles de plusieurs politiques, dont le gouverneur de Sucre et de Cordoba.
C'est dans le cadre de ce scandale qu'on a découvert le « Pacte de Ralito », un document, signé le 23 juillet 2001, qui prouve l'existence d'un accord entre les AUC, plusieurs parlementaires ou ex-parlementaires (dont sept députés et quatre sénateurs), cinq maires, deux gouverneurs (celui de Sucre et de Cordoba), un journaliste, et d'autres fonctionnaires pour « refonder la patrie » [29]. La plupart des signataires ont été arrêtés le 14 mai 2007, inculpés d'association aggravée de malfaiteurs, bien que certains aient essayés, sans succès, de se faire inculper pour délit de sédition [30]. L'existence du Pacte de Ralito a été dévoilé fin 2006 par le sénateur Miguel Alfonso de la Espriella, l'un des signataires, sur ordre d'un des leaders des AUC, Salvatore Mancuso. Le contenu du document a été révélé publiquement en janvier 2007 suite aux déclarations de Jorge 40, responsable des AUC, lors des négociations de paix, et une des copies du document lui-même remis à la justice par Mancuso lors d'une de ses auditions [29].
Selon les enquêtes de l'hebdomadaire El Espectador, le pacte a été signé dans le cadre d'une stratégie des AUC afin de consolider leur pouvoir en marge de la loi, en s'appuyant sur le narcotrafic et concrétiser, à l'avenir, la prise du pouvoir politique, d'abord dans la région Caribe puis au niveau national. Dénommé « Plan Birmanie », en référence au pays situé dans le Triangle d'or asiatique, cette initiative n'a pas fait l'unanimité au sein des AUC. Carlos Castaño a en effet refusé de l'appuyer, s'opposant aux leaders d'alors du Bloque Central Bolívar des AUC, Iván Roberto Duque alias "Ernesto Báez" et Carlos Mario Jiménez alias "Macaco", fortement liés aux trafic de stupéfiants, et décidant finalement de démissioner [31]. Castaño a par la suite été assassiné par son propre frère, Vicente Castaño [32][33], fondateur du groupe paramilitaire Águilas Negras, créé à la suite de la démobilisation des AUC et qui refuse toute négociation avec le gouvernement Uribe.
Deux universitaires argentins, Mario Alfredo Sandoval et Juan Antonio Rubbini Melato, étaient présents à la réunion de Ralito de 2001, selon Alfonso de la Espriella, en tant que conseillers politiques des AUC [34][35][36]. Sandoval, référencé avec le numero 1076/1163 dans le rapport de la Commission nationale sur la disparition des personnes (CONADEP), à propos de l’enlèvement d’un étudiant d’architecture pendant la « guerre sale » des années 1970 [36], et désormais spécialisé dans l'intelligence économique, a notamment été chargé de cours à l'IHEAL (Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine), enseignant aussi à la Sorbonne nouvelle et à l'Université de Marne-la-Vallée [34]. Il a fait partie d'une délégation au Chili présidée par Alain Juillet, ex-chef de la DGSE et depuis décembre 2003 haut responsable chargé de l’intelligence économique au SGDN. [34][37].

Signataires du Plan Ralito
Leaders des AUC
Salvatore Mancuso alias "Santander Lozada".
Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" oi "Adolfo Paz".
Edward Cobos Téllez alias "Diego Vecino".
Rodrigo Tovar Pupo alias "Jorge 40".
Leaders politiques
(Nom; fonction au moment de la signature du pacte; fonction au moment de l'ordre d'arrestation; statut actuel.)
Source: 32 personas firmaron el 'acuerdo de Ralito', Radio Caracol, 20 janvier 2007.
Liste non-exhaustive (32 signataires en tout).
Salvador Arana; gouverneur de Sucre; ex-ambassadeur au Chili; en cavale.
Rodrigo Burgos; sénateur du Parti conservateur colombien; démis de ses fonctions; résultats provisoires de l'enquête favorables.
Alfonso Campo Escobar; représentant à la Chambre de Magdalena pour le Parti conservateur colombien; ibid.; incarcéré, s'est soumis à une condamnation par anticipation.
Miguel de la Espriella; représentant à la Chambre de Córdoba; sénateur du Parti de la Colombie démocratique; condamné à 3 ans et 7 mois de prison.
José Gnecco Cerchar; sénateur du Parti libéral colombien; démis de ses fonctions; incarcéré.
José María Imbeth; député du Parti conservateur colombien; démis de ses fonctions; incarcéré, en attente de jugement.
Jesús María López; gouverneur de Córdoba; retraité; libre en raison de son âge.
Juan Manuel López Cabrales; sénateur du Parti libéral colombien; ibid.; incarcéré.
William Montes; sénateur du Parti conservateur colombien; ibid.; incarcéré.
Reginaldo Montes; représentant à la Chambre de Córdoba; sénateur du Partido Cambio Radical (Parti pour un changement radical); incarcéré.
José de los Santos Negrete; gérant du Parti conservateur colombien; représentant du Parti conservateur colombien à la Chambre de Córdoba; absous par la Cour suprême de justice.
Luis Carlos Ordosgoitia; Représentant à la Chambre de Córdoba; directeur de l'INCO (Instituto Nacional de Concesiones) ; incarcéré, en attente de jugement.
Eleonora Pineda; Conseil de Tierralta; ex-député; incarcérée.
Freddy Sánchez; député; démis de ses fonctions; incarcéré.
Sigifredo Senior; maire de Tierralta; - ; incarcéré, en attente de jugement.
Edwin Mussi; maire de Ovejas, Sucre; - ; incarcéré, en attente de jugement.

Le scandale du DAS
Le scandale touchant le Département administratif de sécurité (DAS), la principale agence de renseignement en Colombie, éclata suite à l'arrestation de son chef du secteur informatique, Rafael Enrique García, accusé d'avoir favorisé les groupes paramilitaires et les narcotrafiquants devant être extradé aux Etats-Unis. García a dénoncé Jorge Noguera Cotes, l'ex-chef du DAS, alors consul à Milan, d'avoir utilisé sa position pour mettre le DAS au service des paramilitaires dirigés par Jorge 40. Selon des déclarations de García, début 2006, dans les médias, Noguera aurait remis une liste comportant le nom de 24 dirigeants syndicaux au Bloque Norte, dirigé par Jorge 40 [38]. Plusieurs des personnes figurant sur la liste ont été tuées, menacées ou soumises à un processus judiciaire arbitraire [38].
Appuyé par le président Uribe, Jorge Noguera a cependant dû démissionner, avant d'être arrêté le 22 février 2007, accusé d'association de malfaiteurs et d'homicide aggravé [39]. Uribe a déclaré alors que si Noguera était jugé coupable, il devrait présenter ses excuses au pays pour l'avoir nommé. Noguera était en effet chargé de la campagne présidentielle d'Uribe dans le département de Magdalena en 2002, et a été nommé immédiatement après la victoire d'Uribe, avant d'être nommé consul à Milan lors du second mandat d'Uribe [40].
Noguera a été remis en liberté le 23 mars 2007 pour vice de forme [41], avant d'être arrêté de nouveau le 6 juillet 2007 [42]. En novembre 2007, il a été destitué de ses fonctions et suspendu pour 18 ans, accusé d'avoir collaboré avec les AUC, de s'être enrichi de façon illégale et d'avoir déformé des informations afin de favoriser les paramilitaires. Une enquête contre lui est toujours en cours [43].

Branche judiciaire et liens avec la 'Ndrangheta calabraise
L'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, José Alfredo Escobar Araújo, ainsi que sa femme Ana Margarita Fernández, l'ex-secrétaire général du procureur général de Colombie, ont aussi reconnu entretenir des liens d'amitié avec le mafiosi Giorgi Sale, membre de la 'Ndrangheta calabraise arrêté en 2006, mais nia avoir eu connaissance de ses activités de trafic de drogue. Sale était lié à Salvatore Mancuso, le chef des paramilitaires [44][45]. Le 30 novembre 2006, Escobar a démissionné de la présidence du Conseil, suivi de la démission de sa femme, tout en en restant membre en tant que magistrat [44]. Le frère d'Ana Margarita Fernández, qui occupa pendant cinq ans des fonctions gouvernementales, Antonio Fernández, était lui-même jusqu'à récemment directeur national des Biens à la Direction nationale des stupéfiants. Dans un des enregistrements publiés par l'hebdomadaire Semana, le magistrat Escobar Araújo affirmait au mafieux Sale qu'il intercéderait en sa faveur auprès de son beau-frère, Antonio Fernández [44].

Tensions entre la Cour Suprême de justice et le président Uribe
Le président Uribe a déposé en janvier 2008 une plainte pour diffamation et calomnie après que le président de la Cour, Cesar Julio Valencia Copete, ait refusé de retirer ses propos publiés par El Espectador, dans lesquels ce dernier assurait que le président l'avait appelé afin qu'il intervienne en faveur de son cousin et associé politique Mario Uribe Escobar, aujourd'hui détenu à la prison de Bogota [46].
De plus, le président Uribe et le Ministre de l'Intérieur et de la Justice Carlos Holguín Sardi ont critiqué, en avril 2008, les décisions de la justice d'incarcérer les élus [47]. Le gouvernement Uribe étudie actuellement un projet visant à créer un nouveau tribunal, habilité à juger le président, les membres du Congrès et les magistrats, et qui se substituerait à la Cour suprême de justice. Les magistrats de toutes les hautes cours ont répondu par un communiqué rejetant l'initiative et les déclarations du ministre [48][6].

Références
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↑ a  b  Colombie - paramilitaires : cousin du président Uribe arrêté; ex-sénateur, il présida le Parlement, Latin Reporters, 23 avril 2008 (fr)
↑ a  b  c  Alexandra Matine, Colombie : Alvaro Uribe impliqué dans un massacre de paysans par une enquête officielle, Paris Match, 24 avril 2008 (fr)
↑ a  b  El escándalo de la 'parapolítica' en Colombia, El País, 20 février 2007 (es)
↑ Uribe ally quits Colombia Senate, BBC, 5 octobre 2007 (en)
↑ a  b  c  Cathy Ceïbe, Avis de tempête sur Uribe, L'Humanité, 24 avril 2008 (fr)
↑ a  b  Pascale Mariani et Roméo Langlois, Le scandale des paramilitaires colombiens éclabousse Uribe, Le Figaro, 24 avril 2008 (fr)
↑ Le président Uribe visé par une enquête sur le massacre de paysans colombiens, Le Monde avec l'AFP et Reuters, 24 avril 2008 (fr)
↑ Paulo A. Paranagua, Le président colombien Alvaro Uribe dément être impliqué dans un crime des paramilitaires, Le Monde, 24 avril 2008 (fr)
↑ Michel Taille, « En Colombie, le cousin du Président à l’ombre des paramilitaires », Libération, 26 avril 2008 Lire en ligne (fr)
↑ Las pruebas hablan por sí solas, Semana, 11 novembre 2006 (es)
↑ Nancy Pelosi le exige a Álvaro Uribe condenar a los militares que tengan nexos con paramilitares, Semana, 5 mars 2007 (es)
↑ a  b  Philippe Dufort (Université du Québec), Paramilitarisme et scandale de la parapolitique en Colombie, La Chronique des Amériques, octobre 2007, n°17 (fr)
↑ Al Gore dice que Uribe debe resolver las acusaciones sobre paramilitarismo, Semana, 20 avril 2007 (es)
↑ Pelosi pide a Uribe actuar contra "paras", BBC, 3 mai 2007 (es)
↑ Colombie: appel à la vigilance face aux menaces dirigées contre l'opposition, Pôle démocratique alternatif, 7 mars 2007 (fr)
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↑ El gobernador de la muerte, Semana, 18 novembre 2006 (es)
↑ El poder del ‘gordo’, Semana, 18 novembre 2006 (es)
↑ Capturan a ex congresista Muriel Benito Rebollo, Semana, 15 novembre 2006 (es)
↑ Ex representante Muriel Benito Rebollo, condenada a 47 meses de prisión, Semana (es)
↑ Fiscalía ordena captura de ex director del DAS, W Radio, 22 février 2007 (es)
↑ Llaman a indagatoria a Jorge Noguera, Semana, 22 janvier 2006
↑ Fiscalía capturó a Jorge Noguera por 'parapolítica', Semana, 6 juillet 2007 (es)
↑ Human Rights Watch, Colombia: Al Corregir Ley de Desmovilización, Corte Evita Abusos Futuros, 19 juillet 2006 (es); Traduction anglaise.
↑ a  b  c  d  El personaje del año: el fantasma paramilitar, Semana, 23 février 2006 (es)
↑ El computador de ‘Jorge 40’ puede ser el inicio de un nuevo proceso 8.000, Semana, 10 octobre 2006 (es)
↑ a  b  32 personas firmaron el 'acuerdo de Ralito', Radio Caracol, 20 janvier 2007 (es)
↑ Ordenan la captura de los congresistas que firmaron el pacto de Ralito, Radio Caracol, 14 mai 2007 (es)
↑ Los secretos del Plan Birmania, El Espectador, 14 novembre 2007 (es)
↑ Libération (daté du samedi 2 et dimanche 3 septembre 2006)
↑ Misterio de Carlos Castaño, develado, BBC, 4 septembre 2006 (es)
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↑ Laurence Mazure, Imprudences ou connivences, Le Monde diplomatique, mai 2007 (fr)
↑ a  b  Laurence Mazure, Un tortionnaire de la dictature conseiller de SARKOZY ? Assistera t’il à la rencontre Kirchner Sarkozy du 7 avril ?, CALPA, 25 avril 2008 (fr)
↑ Sylvain Lapoix, Les Chambres de commerce ont aidé l'ex-tortionnaire argentin à se recycler, Marianne, 11 avril 2008 (fr)
↑ a  b  Colombie. L'état de droit ébranlé par les paramilitaires infiltrés au sein des institutions d'État, Amnesty International, Déclaration publique; Index AI : AMR 23/048/2006 (Public); Bulletin n° : 306; ÉFAI, 29 novembre 2006 (fr) (traductions disponibles)
↑ Caracol Noticias, Jorge Noguera quedó detenido en la Fiscalía, 22 février 2007 (es)
↑ El Espectador, Jorge Noguera quedó en libertad (es)
↑ BBC, Colombia: liberan a Noguera (es)
↑ Semana, Fiscalía capturó a Jorge Noguera por 'parapolítica' (es)
↑ Semana, Procuraduría destituyó y suspendió por 18 años a Jorge Noguera por ‘parapolítica’ (es)
↑ a  b  c  (es) Escobar Araújo renunció a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, Revista Semana, 30 novembre 2006 (es)
↑ Mancuso, vinculado con mafias italianas, El País (Cali), 23 novembre 2006 (es)
↑ Crece choque de trenes entre Uribe y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Semana (es)
↑ Colombia: Gobierno critica la detención de políticos vinculados a los paramilitares, Infolatam, 23 avril 2008 (es)
↑ « Altas cortes de Colombia rechazan iniciativa para nuevo tribunal », Reuters, 22 avril 2008, 16:43 GYT lire en ligne (es)

Bibliographie [modifier]
Philippe Dufort (Université du Québec), Paramilitarisme et scandale de la parapolitique en Colombie, La Chronique des Amériques, octobre 2007, n°17

Declaración del Secretario General del Partido Comunista Colombiano

El gobierno nacional ha llamado a calificar servicios a tres generales, varios oficiales superiores, mayores y suboficiales. Es la más grande medida administrativa de remoción de funcionarios del ejército nacional.
La razón: las investigaciones internas debidas a las denuncias de origen ciudadano y de organizaciones de Derechos Humanos, por las desapariciones y ulteriores ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, reportados oficialmente como guerrilleros caídos en combate. Es una decisión importante.

Afecta a estructuras de la Séptima División y las Brigadas Móviles 14 y 15, que actúan en operaciones de contrainsurgencia en el nororiente del país, fronteriza con Venezuela.Se trata de crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha presentado un fuerte informe que compromete al Estado. Las movilizaciones indígenas y el paro de corteros de caña en el Valle del Cauca y el Cauca, develaron las mentiras oficiales sobre el tratamiento de guerra a las movilizaciones sociales.

En definitiva, no hay nada distinto de cuanto se ha denunciado en los últimos años. Solo que ahora salta al paso una crisis.A pocos días de la elección presidencial en Estados Unidos es claro que Uribe debe intentar congraciarse con el probable ganador. La ex directora del DAS y los oficiales generales son los chivos expiatorios del momento. La Fiscalía debe asumir sin dilaciones ni equívocos las investigaciones.

Deberían abarcar todas las conexiones, relaciones y complicidades que contribuyan a aclarar el grueso volumen desapariciones en distintos otros lugares del país.La pregunta que surge: ¿Quién asume la responsabilidad política de este desastre humanitario? Hasta el diario El Tiempo habla de que la “seguridad democrática” debe modificarse.

Y debe desmontarse la política de guerra, sus modalidades criminales y los aparatos clandestinos que las ejecutan. Deben desmantelarse todos los vínculos, sin excepción, de las estructuras militares con el narcoparamilitarismo.Estamos ante la crisis de una política irresponsable en la que se ha embarcado el Estado colombiano. El presidente Uribe debería renunciar. No es posible que de cara al mundo su régimen muestre la inhumanidad y la criminalidad, agenciada desde el poder.

No es posible que “a sus espaldas”, “sin su conocimiento”, ocurran las cosas que pasan. Que apruebe las mentiras y las rectifique cuando las evidencias destruyen los castillos dorados que los medios reproducen.

Seis años de gobierno han costado muchísimos muertos, desapariciones, tragedias, secuestros, que hubieran podido ser evitados, de haber actuado antes el gobierno. Si las destituciones son una rectificación, esta exige cambios en dirección al diálogo para la paz y los acuerdos humanitarios, temas que no se les puede ni mencionar a los jerarcas del uribismo.

Al igual que los familiares de los jóvenes de Soacha sacrificados, el pueblo debe salir a la calle. La paz exige cambio de políticas, pero, sobre todo, un cambio político real.

Carta de las FARC al pueblo colombiano
Esta es la carta que se ha conocido publicamente enviada por la FARC-EP a los intelectuales colombianos.

Respetados Compatriotas:

Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.
Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales.

No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.
Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren.

Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable.

La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al Presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.
Muy respetuosamente sugerimos, para reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de Presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.Reciban nuestro saludo cordial.

CompatriotasSecretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008

NOTAS - NOTAS - NOTAS- NOTAS

LA CIA CONOCIA Y COLABORO EN ATAQUE COLOMBIANO CONTRA ECUADOR

El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, denunció que la Central de Inteligencia estadounidense (CIA), conocía y colaboró con el ataque colombiano de marzo último contra una zona norte de este país en el que muriera el jefe insurgente Raúl Reyes.

DENUNCIARAN AL GOBIERNO COLOMBIANO ANTE COMUNIDAD EUROPEA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Esta declaración de Petro se dará en el marco del seminario llamado "Buscar una iniciativa internacional por la paz y la democracia en Colombia", El mismo se llevará a cabo el 6 de noviembre en París, en el recinto del Senado Francés, el cual contara con la presencia de parlamentarios de América, Francia y la Unión Europea. A la vez, Petro se entrevistará con abogados internacionales para analizar el tema y buscar la manera como la justicia penal internacional pueda examinar los hechos de la desaparición y posterior ejecución de los jóvenes de Soacha.Para el Senador de oposición "el gobierno del Presidente Álvaro Uribe intenta ocultar tras unos falsos positivos de las Fuerzas Militares, la verdad que esto es un crimen contra la humanidad"

535 personas ejecutadas extrajudicialmente por la fuerza pública en Colombia en año y medio

Por lo menos una persona perdió la vida, cada día, víctima de una ejecución extrajudicial por la fuerza pública, en los últimos 18 meses, lo que da como resultado un total de 535 personas entre enero de 2007 y julio de 2008, denunció ayer en un informe la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
El informe se produce paralelamente a la llamada a calificar servicios que hiciera el presidente Uribe Vélez de 3 generales, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán, un teniente, y 7 suboficiales del Ejército Nacional por, como según el mismo Uribe dijo “confabularse con delincuentes” para cometer delitos como homicidios.
Dos terceras partes de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas ocurrieron en Norte de Santander, Antioquia, Meta, Huila, Putumayo, Cauca, Arauca y Caquetá, y en un 58% de los casos se trata de personas menores de 30 años de edad, datos que demuestran la sistematicidad y generalidad y persistencia de las mismas.
No deja de ser paradójico frente al tema que el ministro Juan Manuel Santos dijera el pasado 9 de septiembre que había "una importante reducción de casos" de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año solo habría habido 25 casos, en contraste con 102 documentadas por las organizaciones.

DELEGADOS INTERNACIONALES AL II CONGRESO Nacional Del POLO DEMOCRATICO

MAURICIO TRUJILLO URIBE
ROCIO BEDOYA BEDOYA
GLORIA ESTHER MARTINEZ NIEBLES
CRISTINA ESPINEL SANCHEZ
LILIANA PUYO TAMAYO
JUAN ESPITIA SUPELANO
CARMELO BARRERA ROMERO
DIANA MILENA CHACON TORRES
OSCAR ARIAS PERALTA
OLGHER SANTODOMINGO GUARIN
ALBA TERESA HIGUERA
CESAR ANDRES AMAYA SANGUINO
ALBERTO CHAVARRO
LUZ ESTELLA GIRALDO MEJIA
CAROLINA CANO BARRERA