“Detrás del desplazamiento de cuatro millones de personas hay un proyecto de derecha de Uribe"

URIBE = Miseria, hambre, pobreza, desnutricion, desempleo, violencia, paramilitares,corrupcion,narcotrafico, persecucion contra la oposicion, etc

Por Mario Amorós, Frontera Cero,octubre 13.-

El sociólogo colombiano Alfredo Molano expuso en el III Foro Social Mundial de las Migraciones, una visión diferente del conflicto colombiano. Desde 1985, en Colombia, 250.000 personas han sido asesinadas por razones políticas, 25.000 han sido detenidas desaparecidas y cuatro millones (el 10% de la población nacional) han tenido que desplazarse de manera forzada a otro punto del país, en su mayor parte campesinos.
Estas son las “terroríficas” cifras que el prestigioso sociólogo colombiano Alfredo Molano (columnista del diario El Espectador y merecedor de distintas distinciones, entre ellas el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas) ofreció en el plenario sobre refugiados del III Foro Social Mundial de las Migraciones, que se celebró en Rivas Vaciamadrid (España) entre el 11 y el 13 de septiembre.

Molano, quien debió exiliarse durante cuatro años en Barcelona por las amenazas contra su vida, explicó las razones del masivo desplazamiento interno en su país. Para ello se remontó dos décadas atrás, ya que tiene en su origen causas de raíz económica (la crisis de la economía campesina, principalmente), pero sobre todo de naturaleza política, que conducen a las negociaciones de paz del presidente Belisario Betancourt a mediados de los años 80 con la guerrilla de las FARC.

Betancourt, un político conservador y con una cierta sensibilidad cultural según Molano, intentó negociar con la guerrilla a partir de este planteamiento: los insurgentes entregarían las armas y se crearía un partido político, se aceptarían reformas políticas y económicas (esencialmente en materia agraria) y se realizarían mejoras democráticas con garantías para la oposición. “Estas reformas implicaban un desacomodo para los sectores terratenientes, industriales y financieros, sobre todo para los terratenientes, que se sintieron en peligro y que tenían vínculos con el narcotráfico”.

La reacción contra la previsión de esta reformas, que en el caso de la reforma agraria no llegó a realizarse, pasó por la creación o fortalecimiento por parte de estos sectores de los grupos paramilitares, que ya existían desde los años 60, y que fueron financiados por el narcotráfico. “De ser un régimen de economía latifundista de carácter esencialmente ganadero, Colombia se transformó en una sociedad de capital mixto entre los sectores tradicionales y el narcotráfico”. La violencia brutal y la crueldad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) originó la primera gran oleada de desplazamiento interno en el país: estos grupos armados pretendían aislar a la guerrilla y con el recurso al terror lograron el desplazamiento de centenares de miles de personas, de cuyas tierras se apropiaron. “Los grupos paramilitares nunca se enfrentaron con las guerrillas, golpeaban a la población civil para crear una realidad terrorista y obligar a la gente a huir”.

En cuanto al partido político que surgió de las negociaciones entre Betancourt y las FARC, la Unión Patriótica, hasta hoy cinco mil militantes de la UP (principalmente comunistas), entre ellos dos candidatos a la Presidencia de la República (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo), han sido asesinados por el ejército y los paramilitares.

El otro proceso de paz fue promovido en 1998 y 1999 por el presidente Andrés Pastrana, quien negoció con las FARC en la zona “despejada” de San Vicente del Caguán, en un proceso avalado por la Unión Europea y en particular por España. En aquellos años, los paras intensificaron sus brutales crímenes contra grandes capas de la población para boicotear el proceso de paz. “Hasta el día de hoy –explicó Alfredo Molano- los crímenes de los grupos paramilitares permanecen en la impunidad. Existen cuatro millones de colombianos desarraigados por un aparato del terror creado por el Estado y cuyos crímenes quedarán impunes.

En contubernio con los narcotraficantes, los paramilitares buscan legitimar su impunidad y su fortuna (se han apropiado de manera ilegítima de cinco millones de hectáreas de tierras rurales). Detrás de esta realidad, hay, pues, un proyecto político de extrema derecha que avala el Gobierno de Álvaro Uribe con su política de Seguridad Democrática”. Hoy el Gobierno de Colombia dedica el 6% del PIB a la guerra contra unos grupos guerrilleros que llevan medio siglo combatiendo.

Nuevo Herald: Desvirtua la operacion Jaque

De Traidores a Traicionados

Detalles inéditos de la Operación Jaque

GONZALO GUILLEN / ENH
BOGOTA

A medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles de los esfuerzos que se hacían tras bastidores en varias partes del mundo para buscar una solución a la angustiosa situación de un grupo de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre quienes se encontraban la ex congresista Ingrid Betancourt y tres contratistas del gobierno de Estados Unidos.
Dos abogados colombianos que guardaron en secreto su participación en uno de esos esfuerzos, le contaron a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos.
Carlos Arturo Toro López, uno de los abogados que más casos de extradición ha llevado en Colombia, y su colega, que prefirió no ser identificado, sostienen que cuando escucharon la propuesta que hicieron intermediarios de las FARC para la liberación del grupo de secuestrados, contactaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Según ellos, se comunicaron con funcionarios de agencias federales de inteligencia de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como con una fiscal colombiana especializada de la división de antiterrorismo y un agente especial del CTI [Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia] que estuvo al tanto durante todo el proceso.
También contactaron al abogado penalista de Atlanta, Georgia, Jeffrey Manciagli, quien agregó al grupo a un socio suyo. Ambos aceptaron encargarse de llevar el caso ante las autoridades norteamericanas, porque "si tú negocias aquí [Colombia] y no negocias con los gringos, no has negociado nada'', dijo el socio de Toro López en diálogo con este reportero.
Los dos penalistas colombianos y Manciagli comenzaron a preparar la entrega de secuestrados a través de un fluido cruce de correos electrónicos al cual El Nuevo Herald tuvo acceso.
El 21 de mayo le informaban a Manciagli: "Como sabes, estamos tratando de llevar a cabo una negociación muy importante, donde necesitaríamos tu colaboración para cuadrar la compensación por la gestión profesional de nosotros y la cual debe desarrollarse en tu país. De otro lado, de ser cierto los acercamientos que estamos haciendo sobre el tema, tendrías que viajar a Colombia en estos días [. . .] ¿podemos contar contigo?"
El 5 de junio los dos abogados colombianos insistieron en la necesidad de que Manciagli viajara a Colombia, a lo cual éste respondió: "Lo que sí puedo confirmar es que el gobierno americano ofrece una recompensa de $350,000 por los tres [estadounidenses] y que el gobierno tiene un fondo de $100,000,000 para dar recompensa para los que logran la libertad de ellos y a Ingrid. Estoy muy interesado en esto''.
El asunto avanzaba y el 23 de junio Manciagli ya tenía un socio para el caso y ese día le escribió a Toro López: "Hablé con mi colega [aquí el nombre del colega] y está listo tan pronto sea necesario. O lo llevo a Colombia dos veces, pero tiene casi dos años que no ha ido y tiene muchas ganas de regresar. Esperamos lo mejor. Atentos saludos, Jeffrey''.
El contacto principal que mantuvo el puente entre los abogados y los dos carceleros de las FARC expuso que ‘‘ellos van a dar unas coordenadas a las que hay que llegar en helicópteros, los dos guerrilleros se subirán con los rehenes, se producirá la liberación y se les debe garantizar que no van a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.
"Un requisito que quedó muy claro era que no se iba a hacer ni un solo disparo porque la zona a la que llegarían los helicópteros iba a estar llena de guerrilleros y en caso de comenzar un tiroteo los dos jefes de las FARC se pondrían con sus fusiles del lado de su gente'', agregó el abogado no identificado.
Cuando el plan de entrega planteado por las FARC estaba claro, los abogados hablaron con un funcionario del FBI, con otro de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), y otras agencias.
"Los gringos [de las agencias de inteligencia] mostraron total interés'', contó el abogado no identificado.
‘‘Nos dijeron que apenas hubiera algo concreto ellos entrarían a aportar todo el asesoramiento, el apoyo y todo lo que fuera necesario'', pero "ellos decían que para dar el primer paso se necesitaban indefectiblemente pruebas de supervivencia, pero nunca las hubo''.
Simultáneamente, antes de llegar a la liberación física de los rehenes, los abogados colombianos le dieron al contacto principal copias de un poder de representación judicial que debía llevarles hasta la clandestinidad a Antonio Aguilar, alias César, y Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, para que los firmaran autorizando las gestiones y el mandato que iban a llevar a cabo.
El Nuevo Herald obtuvo copia del poder en que los dos abogados colombianos previeron la mayor cantidad posible de circunstancias para actuar que incluía "aproximaciones, contactos, consultas...", con autoridades con el objeto de acordar "todo lo atinente al suministro por mi parte, de información sobre temas específicos de interés para la seguridad nacional y la paz del país, en especial, dentro del marco de la política de seguridad democrática del actual gobierno de Colombia, que pudieran conducir al descubrimiento y la incautación de bienes en general, armas, material de intendencia, instalaciones estratégicas y valores de procedencia ilícita, y/o a la localización y captura de personas miembros de grupos armados al margen de la ley''.
Copias del poder les fueron entregadas a oficiales de las agencias de inteligencia estadounidenses, a la fiscalía colombiana y al agente especial del CTI que asistió a todo el proceso. Por los días en que los abogados se cruzaban correos electrónicos y mantenían al tanto del asunto a agentes legales y policiales de los dos países, el presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, estaba empeñado personalmente en una campaña por la liberación de Ingrid Berancourt, quien tiene nacionalidad francesa. Sarkozy había ofrecido dar asilo a los guerrilleros que liberaran a rehenes de manera unilateral.
Mientras las copias del poder viajaban hacia el sur de Colombia en manos del intermediario para que las firmaran los dos carceleros en sus guaridas amazónicas, el 13 de junio del 2008 el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reveló que Ingrid Betancourt aparentemente formaría parte de un grupo de secuestrados que iban a ser liberados por guerrilleros que esperaban beneficios a cambio, entre ellos el de no ser extraditados a Estados Unidos.
"A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió. La mandó la directora del DAS [policía secreta] con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá esto sea verdad'', dijo Uribe aquel 13 de junio durante un discurso en Bogotá pronunciado en un foro llamado Inseguridad, dolor evitable, al que asistieron varios ex presidentes de América Latina.
Dos días después, el comité de apoyo a Betancourt que funcionó durante años en París pidió ayuda del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para obtener la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, incluyendo a los tres ex militares estadounidenses contratistas del Pentágono (Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes), quienes quedaron en poder de las FARC el 13 de febrero del 2003, cuando cayó a tierra en el departamento de Caquetá el avión Cessna Caravan-208 que tripulaban durante un vuelo de rutina en busca de plantíos de coca y de posiciones guerrilleras.
"Pedimos a George W. Bush que haga todo lo posible para que sus conciudadanos y todos los rehenes de las FARC sean liberados por fin, en condiciones que garanticen su supervivencia'', pidió el Comité con motivo de una visita de dos días de Bush a Francia en el desarrollo de una gira por Europa.
Con las firmas otorgando poderes a los abogados el proyecto entraría en la etapa final: los secuestrados serían liberados y saldrían de la selva en dos helicópteros junto con sus dos principales carceleros. Estos quedarían al amparo de un tercer país, preferiblemente Francia, para recibir asilo.
Pero el emisario que debía regresar con el poder firmado comenzó a tardar. Los abogados creen que habían transcurrido unos 15 días cuando fueron sorprendidos por las noticias el 2 de julio: los tres estadounidenses, Ingrid Betancourt y 11 militares y policías colombianos habían sido liberados en el transcurso de una operación de rescate "exactamente igual a la que nosotros habíamos preparado''.
La única diferencia consistía en que los mandos militares colombianos sostenían que los dos jefes carceleros habían sido engañados por los servicios de inteligencia, que los redujeron a golpes y con sedantes en pleno vuelo mientras los rehenes comenzaron a saltar emocionados dentro de uno de los helicópteros después que un oficial les anunció: "Somos el Ejército de Colombia, están libres''.
Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana habían sido pintados de blanco y rojo simulando ser de rescate y salvamento y eran tripulados por oficiales encubiertos que sacaron a los secuestrados fingiendo ser una misión humanitaria internacional que los llevaría, junto con los carceleros, hasta el campamento clandestino de Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo jefe de la organización terrorista.
"Bueno, otra cosa que resultó distinta fue lo de Aguilar y Farfán. No estaba previsto que quedaran presos ni que fueran a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.
Mientras la prensa internacional transmitía la noticia de la liberación, Manciagli, confundido, escribió un correo electrónico a sus colegas colombianos:
"Es muy buena noticia que han liberado a estos rehenes. Pero tengo mis dudas que pasó como todos están diciendo. No creo que fue un rescate''.
En conversación con El Nuevo Herald, Manciagli expuso:
"A mí me pareció muy extraña la manera como están diciendo que todo eso pasó, que los engañaron [a los carceleros de las FARC]. No creo la historia que dieron. Para mí, no fue así pero cuando eso salió en las noticias la primera cosa que yo pensé es que era un engaño, porque, como digo, me habían hablado exactamente de ese tema unas dos o tres semanas antes, el doctor Toro''.
Manciagli sostiene: "Mi hipótesis es que sí había una negociación y que ellos [los guerrilleros] pensaron que estaban entregando a esa gente como habían negociado. Pero el gobierno [de Colombia] quiso tomar el crédito para ganar más publicidad y todo lo que viene. Eso es lo que yo creo''.
La liberación es reclamada por Colombia como un rescate genial de su inteligencia militar y así es reconocida internacionalmente.
Hace dos semanas los abogados defensores de los dos carceleros, los penalistas Rodolfo Ríos y Eduardo Matías, aseguran que agentes del FBI habrían participado en la Operación Jaque y renunciaron a ejercer la defensa alegando que sus clientes los habrían engañado ocultándoles información valiosa sobre el caso.
A raíz de la protesta de Ríos y Matías se supo que en el pedido estadounidense a Colombia para la extradición de Aguilar y Farfán se revela que el FBI posee una computadora de este último. Esto, de acuerdo con los defensores, lo desconocía la propia justicia colombiana.
"Conocimos en la solicitud de extradición, hace apenas cinco días, que al momento de la captura de Alexander Farfán le fue incautado por agentes del FBI un computador con valiosa información'', dijo uno de los abogados defensores de los carceleros cuando anunciaron su renuncia.
"Se ha convertido al defensor en un simple espectador, sencillamente para que se simule que hay defensa como requisito formal, pero totalmente limitada en el ejercicio de la defensa técnica y de refutación de prueba'', agregó.
Ríos y Matías protestaron también porque, aseguran, durante los dos meses en que ejercieron la defensa de los terroristas no pudieron conocer el contenido de grabaciones hechas a conversaciones que Aguilar había sostenido con miembros de la jefatura de las FARC a través de teléfonos satelitales y comunicaciones radiales.
Los abogados también protestaron porque no les entregaron copias de grabaciones inéditas de video que alias Farfán filmó durante la entrega de los rehenes con una cámara que le fue incautada cuando fue arrestado a bordo del helicóptero.
El informe policial en que se basa el pedido de extradición de los dos carceleros, elaborado por el agente del FBI, Lázaro Andino, asegura que de acuerdo con la información en el computador incautado se ha podido determinar que Farfán viajó a Brasil en el 2003 para cambiar un cargamento de cocaína por armas de guerra.
En cuanto a Aguilar, el informe dice que durante el 2007 hizo múltiples llamadas a una empresa telefónica de Estados Unidos con el objeto de que le indicaran cómo manejar un teléfono satelital que le había dado, a cambio de cocaína, el narcotraficante colombiano José María Corredor Ibagué.
Estos vínculos con el narcotráfico son los puntales para conseguir que la Corte Suprema de Justicia de Colombia conceda la extradición de los dos hombres.
¿En qué punto los abogados contactados para la entrega de los rehenes salieron del libreto y en cuál los terroristas carceleros perdieron la posibilidad de obtener los beneficios que pedían a cambio de su gesto de ‘buena voluntad' ''?
Una fuente de la fiscalía colombiana que confirmó la versión de los abogados, aportó una hipótesis a El Nuevo Herald. Una atractiva guerrillera, con el alias de Doris Adriana, que estuvo en las FARC desde los 16 hasta los 36 años, era amante de Aguilar en el momento de caer en manos de las autoridades colombianas en febrero del 2008.
Contactada por agentes de inteligencia estadounidenses en la cárcel, a última hora habría hecho el papel intermediario que les quitaron a los abogados. De este modo, los amantes podrían volver a reunirse. De ser así, se le debería a Doris Adriana una buena parte del éxito de la Operación Jaque.
Toro López, su colega colombiano y Manciagli no creen por completo en la versión oficial colombiana sobre el rescate.
Cualquier conversación con ellos sobre este caso termina entre risas con una anécdota, contada por el abogado no identificado.
"Apenas se conoció la liberación comenzaron a llamarnos amigos del FBI, de la policía y de la fiscalía para felicitarnos. Hay quienes no quieren creer que nosotros no pudimos llegar hasta el final de lo que salió calcado a lo que planeamos desde mayo''.

Una Republiqueta

Por: Maria Jimena Duzan
Revista Semana Sabado 11 Octubre 2008

El sistema capitalista se estremece y las Bolsas del mundo caen como castillos de naipes, pero en esta república bananera, llamada Colombia, eso tiene sin cuidado a la Casa de Nari y a sus vasallos. Aquí ellos siguen en su burbuja, entretenidos en adivinar si Uribe, nuestro único César, va a repetir por tercera vez en 2010, o si lo va a hacer en 2014, luego de un justo y merecido descanso en su finca El ubérrimo.

Así se nos pasan los días en esta republiqueta: jugando al juego de la bolita, a sabiendas de que el dueño de la bolita no es otro que el todopoderoso presidente Álvaro Uribe. Esta semana, por ejemplo, mientras en Ocaña las madres de los jóvenes que aparecieron muertos por el Ejército en extrañas circunstancias, recibían los cuerpos de sus hijos, y el Fiscal desmentía al Presidente cuando dijo que habían sido muertos en combate, los áulicos del régimen andaban ocupadísimos tratando de ponerse de acuerdo en el tema de la reelección. Pero por más esfuerzos que hicieron, ninguno de ellos le pudo decir al país dónde estaba la bolita. Juzguen ustedes: el miércoles de la semana pasada, el partido de La U y Cambio Radical anunciaron con gran estridencia que todo estaba listo para escoger un candidato presidencial dentro de la coalición uribista. El anuncio dio la impresión de que el 'César' había optado por la vía del descanso para luego volver en 2014. Sin embargo, la certidumbre no duró mucho. Ipso facto, varios miembros de La U salieron a decir públicamente que a pesar de lo que estuvieran diciendo los medios, ellos seguían en la incansable y augusta tarea de sacar adelante el referendo que permite su reelección para 2010. Al final de la semana, como ninguno de ellos pudo saber en dónde es que Uribe ha puesto la bolita, un vasallo del partido de La U planteó la necesidad de extender esa posibilidad más allá de 2014 y propuso, sin mayor pudor, extender el período presidencial a cinco años luego de 2014 e incluir, de paso, la reelección indefinida.

Sobra decir que el hecho de que este jueguito sea un ultraje para con nuestra Carta, los tiene a ellos sin cuidado. Al fin y al cabo, si pudieron torcerle el pescuezo a la Constitución una vez, pueden volver a hacerlo cuantas veces quieran, así terminen descuartizándola viva, como de hecho viene pasando desde cuando la desvirgaron con la introducción del articulito.

Para José Obdulio Gaviria, el vasallo mayor del régimen, ese tipo de cercenamientos es más bien una conquista o, para ponerlo en sus palabras, "iniciativas de gran envergadura" que tienen que ser aprobadas.

En realidad lo que le está pasando al país ya lo predijimos las pocas voces que en su momento nos opusimos a la primera reelección. En esa ocasión, quienes formamos parte de inmensa minoría advertimos que por cuenta de la reforma al articulito se abría el boquete para que el país entrara en un proceso de desinstitucionalización.

La idea de que toda norma es susceptible de ser cambiada para beneficio de unos pocos que están en el poder se ha convertido en dogma en este gobierno. Si en la terna para Defensor del Pueblo debería ir una mujer, según la ley, pues hagamos caso omiso de la norma; qué importa que en el interregno su reelección termine empapelada, como ya sucedió. Si hay políticos uribistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con los paras, pues hagamos una reforma dirigida a favorecerlos, y si hay fallos de esa misma Corte que no nos gustan -como el de Yidis-, pues desconozcámoslos. Con esa misma óptica es que ahora el gobierno se da el lujo de decretar la conmoción interior para penalizar la lucha sindical. Pero tranquilos: mientras el país se desencuaderna y el mundo se desangra económicamente, en la Casa de Nari los áulicos y los vasallos de Uribe siguen divirtiéndose jugando a la bolita. Un país en esas a lo único que se parece es a una republiqueta.

EN EUROPA: INDIGENAS WAYUU DENUNCIAN: "EN COLOMBIA, NOS PERSIGUEN, EL GOBIERNO, LOS PARAS Y LOS NARCOS"

"Desde el año 2000 hasta la fecha tenemos 250 muertos del pueblo wayúu"

"Wayunkerra" trae a Europa la voz de los wayúu, los indígenas perseguidos por paramilitares, fuerzas de seguridad colombianas y narcotraficantes

EFE / laRepublica.es , sabado 11 Octubre

Karmen Ramírez, "Wayunkerra", líder del movimiento indígena colombiano "Fuerza de Mujeres Wayúu" ha visitado ésta semana Europa para denunciar "la situación de violencia y opresión" que viven los wayúu en el departamento norteño de la Guajira.
El asesinato en 2004 de su tío materno y jefe wayúu, Wilmer Boscán Ureche, impulsó a la joven indígena, natural de Maicao, a comprometerse y asumir la responsabilidad, junto a otras mujeres, de dar a conocer al mundo las que definen como "continuas violaciones de los derechos humanos" cometidas contra su pueblo.
Ramírez ha denunciado una vez más como los paramilitares, miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las fuerzas de seguridad gubernamentales y narcotraficantes, entre otros grupos armados, campan a sus anchas en la zona, limítrofe con Venezuela donde habitan, "favoreciendo las situaciones de violencia y los crímenes".
Durante una visita a Madrid, Karmen explicó los motivos que le han llevado a convertirse en la voz de un pueblo "eminentemente guerrero y luchador", que reclama su autonomía, el derecho a la tierra y a la explotación de los recursos naturales.
"Lo primero que hay que denunciar es que desde el año 2000 hasta la fecha tenemos 250 muertos del pueblo wayúu, lo que desde nuestra organización, ’Fuerza de Mujeres’, consideramos un genocidio", dijo.
Amenazada por los militares, Karmen Ramírez confiesa que "ya no tiene miedo", que "no es la primera vez", porque "en cada ocasión que denunciamos a nivel internacional lo que está pasando, las amenazas se intensifican, no sólo contra una sola persona, sino contra una organización o contra comunidades enteras", explicó.
Consecuencia directa de esas amenazas es el alto índice de desplazamientos, "que no está todavía muy evidenciado", ya que la proximidad con Venezuela, y la presencia allí de otros grupos wayúu donde asentarse, facilita el éxodo de los que buscan protección.
"Hay gente que regresa cuando la situación mejora. La mayoría de retornos han sido de manera voluntaria, pero en ningún momento ha existido responsabilidad por parte del Estado colombiano para atender esos desplazamientos de una forma adecuada", indicó.
Desde su organización "Fuerza de Mujeres Wayúu", Karmen reivindica además el derecho de su pueblo a la consulta previa para la implementación de grandes proyectos económicos en su territorio.
A modo de ejemplo, señala la explotación del Cerrejón, "la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica", que exporta toneladas de carbón a Estados Unidos y Europa y que atraviesa todo el espacio Wayúu.
"Entre 2003 y 2005" hubo intenciones de ampliar el Puerto de La Guajira. Poco antes, doce wayúus murieron y muchos otros tuvieron que abandonar sus casa", afirmó.
Karmen denuncia que a pesar de la riqueza económica de la zona, "el territorio del pueblo Wayúu es el segundo en las estadísticas con las necesidades básicas insatisfechas más altas", y que el grado de analfabetismo es "único" en la región.
"Los recursos que deberían estar recibiendo las comunidades se desvían. Con unos programas muy puntuales para zonas muy pequeñas pretenden mostrar al mundo que la situación es buena, cuando no es así", agregó.
Por ello, la líder indígena ha emprendido una campaña internacional para dar a conocer "la impunidad que existe en Colombia".
"Buscamos solidaridad, otros escenarios en los que hacernos escuchar, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Foro Permanente para las Naciones Indígenas, que se celebra cada año en la sede de la ONU en Nueva York, y al que ya hemos asistido en tres ocasiones", indicó.
La pasada semana, Ramírez participó en Ginebra en una reunión de seguimiento del mecanismo de supervisión de la Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas.
Entre otras actividades impulsadas desde la Fuerza de Mujeres Wayúu, el 25 de noviembre, día de la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la comunidad Wayúu vivirá una jornada de sensibilización y denuncia destinada a "extender solidaridades con otros pueblos indígenas del mundo que se encuentran en la misma situación", señaló.

La campaña por la eliminación de Todas las Formas de Violencia contra WOMAINKAT-NUESTRA TIERRA tiene como objeto la denuncia de las violaciones de los derechos de las mujeres Wayúu y del territorio del pueblo Wayúu, el cual es en esencia femenino, así como lo es para muchos otros pueblos indígenas del mundo . Durante un año a contar desde el 25 de noviembre, se realizarán diferentes actividades de sensibilización y denuncia para aunar esfuerzos con otros pueblos indígenas del planeta cuyos territorios están siendo violentados por las mismas multinacionales presentes en la Guajira.

Karmen Ramírez Boscán, líder indígena colombiana, asegura que “no sólo las acciones paramilitares están matando al pueblo Wayúu, también las acciones de las multinacionales"

La “guerrera Wayúu” denuncia el genocidio contra los indígenas colombianos desde hace más de diez años

Por: amecopress.net [Viernes, 10 de octubre de 2008].

Karmen Ramírez Boscán, delegada de la Fuerza de Mujeres Wayúu y secretaria general del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento, ha denunciado la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas en Colombia, que representan casi el 4% de la población, y ha pedido una mayor atención y protección a las autoridades políticas internacionales.

También ha destacado el papel de las mujeres indígenas en la lucha contra la injusticia que, cada vez, goza de una mayor participación. La líder colombiana, también conocida como la “guerrera Wayúu”, calificó de “genocidio” lo que está sucediendo en sus tierras desde hace ya más de diez años y pidió “justicia” para vengar las muertes de los cientos de civiles que ya “han sido asesinados” a manos de los grupos paramilitares y como consecuencia de las acciones multinacionales que tienen fuertes intereses económicos en las tierras de La Guajira.

Ramírez asegura que, hoy por hoy, “Colombia tiene una mentalidad totalmente paramilitarizada”, y ha exigido “sanciones vinculantes” que sentencien, no sólo la autoría material de los crímenes, si no también la intelectual. “No puede ser que la justicia no funcione, y no funciona porque está siendo totalmente amañada. No se tiene en cuenta a las víctimas de todos los crímenes que se están cometiendo”.

Además, Ramírez afirmó que, cada vez más, las tierras indígenas de Colombia están siendo sacudidas por parte de las industrias internacionales que sólo buscan su beneficio económico. La extracción de carbón, gas y petróleo son el objetivo principal de los muchos megaproyectos que se están llevando a cabo en La Guajira “con engaños y sin consultares”.

De hecho, añadió la líder indígena, “también han muerto ya dos niños Wayúu en una excavación de tierra de uno de estos megaproyectos”. Durante sus declaraciones, Ramírez, que está amenazada de muerte, prestó una especial atención a la necesidad de seguir denunciando la situación en la que los pueblos indígenas se encuentran; a la cada vez mayor formación de las mujeres Wayúu en derechos humanos, y a la importante labor de comunicación que realizan los medios informativos que han de seguir denunciando lo que sucede en el país.

“A Colombia le fastidia que se diga la verdad” -sentenció- pero desde la organización a la que representa Ramírez continuarán luchando para llegar a la mayor cantidad de organismos internaciones posibles. “Estamos en medio de dos fuegos cruzados. Los pueblos indígenas no queremos a ninguno de los grupos paramilitares que se asientan en nuestras tierras. Son ya 250 los crímenes, entre asesinatos y violaciones, cometidos contra nuestro pueblo y de ellos, 27 se han cometido en contra de mi familia”, agregó. El pueblo indígena Wayúu está ubicado en la península de La Guajira, situado entre el estado de Zulia (Venezuela) y el departamento de La Guajira (Colombia). Entre ambos territorios ocupan una superficie de más de 20 mil kilómetros cuadrados. La población Wayúu es el grupo indígena más importante de Colombia y está formado por más de 500 mil personas.

PARAS Y GOBIERNO: Hace 21 Años mataron a Jaime Pardo Leal

11 de octubre 1987 -11 de octubre 2008
21 aniversario del asesinato de Jaime Pardo Leal
Día Nacional por la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica

Este sábado 11 de octubre se cumple el 21 aniversario del asesinato de Jaime Pardo Leal del que hay que decir para quien no tenga mayor información que era el candidato presidencial y figura muy destacada de la Unión Patriótica y que además hacía parte del Comité Central del Partido Comunista Colombiano.

Había ingresado muy joven a la Juventud Comunista Colombiana, siendo estudiante de derecho de la Universidad Libre de Bogotá. Pardo desarrolló una brillante carrera como jurista que no pudo coronar las altas magistraturas por su militancia comunista. Fue un hombre de lealtades, de aguardientes y de chistes. Organizó sindicalmente a los trabajadores del poder judicial en la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial-ASONAL- la misma que desde hace dos meses libra una huelga contra los recortes salariales y prestacionales. Para enfrentar esta huelga Uribe acaba de decretar la conmoción interior, como si en Colombia la conmoción hubiera que decretarla. Pero el decreto de conmoción, ilegal e inconstitucional, busca destruir al poder judicial.
Hace 21 años asesinaron al fundador y presidente de Asonal, ahora se aprestan a la destrucción de la organización sindical.
No es una coincidencia. Es la lógica de la guerra sucia y del Terrorismo de Estado. Es la tarea de Uribe y de su régimen terrorista y genocida. El que no está conmigo está contra mí y hay que destruirlo. Esa es su lógica. El que no comparte las órdenes del Príncipe debe ser desterrado, encarcelado o aniquilado. Y sobre esa sangre se construye la gloria del nuevo imperio.
La fecha del aniversario del asesinato de Jaime Pardo ha sido escogida como el Día Nacional Por la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica. Es un homenaje colectivo.

Una fecha para todos. Ante la física imposibilidad de realizar 365 actos de aniversarios colectivos, porque luego del magnicidio de Pardo siguió uno a uno, día tras día el asesinato de más de cinco mil de los militantes de la UP. Pero además porque las víctimas han sido mancilladas por los victimarios. Especialmente Uribe se ha dedicado a ello. Con saña. Con villanía. En Colombia a los victimarios el gobierno de Uribe les rinde homenaje.

Como el homenaje de Uribe a Rito Alejo, el otro genocida. Los nombran de embajadores, de ministros y de cónsules. A las víctimas y a los sobrevivientes se les persigue, se les asesina y se les criminaliza.
Por eso este aniversario es un día para rescatar la dignidad de las víctimas. Y para la solidaridad con el justo paro de los trabajadores del poder judicial. Los juiciosos discípulos de Jaime Pardo Leal.

UNU Preocupada por Detenciones Masivas en Colombia

Fuertes críticas de ONU a detenciones arbitrarias en Colombia

Un grupo de la ONU que analiza las detenciones arbitrarias expresó su preocupación por el uso exagerado de la prisión preventiva, las capturas masivas y la situación de hacinamiento en que viven los presos en las cárceles colombianas.

La española Manuela Carmena Castrillo dijo que cuando se efectúan detenciones masivas muy seguramente se incurre en errores arbitrarios.

“Cuando se hacen tantas detenciones de tantas personas sin identificar bien y cuyas imputaciones son fundamentalmente testimonios, testimonios que proceden de personas desmovilizadas, que quieren realmente unos beneficios por esos testimonios, pues creemos que las acusaciones son muy endebles”, dijo.

“Además de insistir en que la indemnización si se han dado esas circunstancias, debe existir” agregó.

Los relatores de la ONU visitaron diferentes centros carcelarios, brigadas y estaciones de policía en Arauca y Cali, donde se han efectuado denuncias de detenciones arbitrarias y masivas.

La española exhortó al gobierno colombiano para que mejore las condiciones de los internos en algunas cárceles donde hay hacinamiento, así mismo se refirió a las detenciones de personas que permanecen durante un largo tiempo en las prisiones provisionales.

“Nos ha preocupado el uso de la prisión provisional , vemos casos en los que se acuerdan prisiones provisionales y creemos que se están llevando a cabo con un nivel de frecuencia exagerado, ha habido un centro penitenciario donde prácticamente todas las personas privadas de la libertad lo eran de manera preventiva”, indicó.

Paro Judicial: "Conmocion interior es Inconstitucional":POLO DEMOCRATICO

Bogotá, octubre 9

Para el Polo, hubiese sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades". El Polo anuncia que acudirá ante la Corte Constitucional para "impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".

Declaración.

El Polo rehaza vehementemente la declaratoria de conmoción interior y los decretos legislativos que ha anunciado el gobierno nacional en ejercicio de tal declaración, por considerarla inconstitucional e inoportuna en atención a las siguientes razones:

1.- No se presenta la hipótesis de la grave perturbación del orden público a que hace referencia el artículo 213 de la Carta Política como requisito indispensable para la declaración de tal estado, pues no es aceptable considerar que la legítima protesta que actualmente adelantan los servidores judiciales constituya una alteración del orden público, menos aún cuando el primer mandatario ha reconocido la justeza de las reclamaciones.

2.- De aceptarse - en gracia de discusión - que esta protesta ha producido una alteración del orden público, la misma podría ser conjurada mediante atribuciones que además de ser ordinarias constituyen una obligación legal. En efecto, la ley 4 de 1.992 ordenó la nivelación salarial en beneficio de los funcionarios y empleados de la rama judicial con base en criterios de equidad, disposición que ha sido incumplida lo que ha generado la legítima reacción de los afectados, por lo que su cumplimiento haría parte de los mecanismos ordinarios al alcance del gobierno, que de utilizarse correctamente pondrían fin a la supuesta perturbación del orden público.

3.-El Gobierno nacional no puede aducir como fundamento para declarar el Estado de conmoción interior su propia culpa, pues como se ha señalado es evidente que la causa real de esta problemática la constituye el incumplimiento de obligaciones para con estos servidores.

4.- No puede aceptarse que por esta vía se pretenda atentar contra el ejercicio del derecho fundamental de asociación y sus diferentes manifestaciones, como lo pretende el presidente mediante esta declaración. Los decretos legislativos anunciados tienden más a afectar este derecho que a conjurar las causas del conflicto pues ninguno de ellos pretende dar solución a la inequitativa situación de los servidores de esta rama del poder público. Además de aceptar que se trata de un cese ilegal de actividades como lo pretende dar a entender el gobierno, nuestra legislación consagra medidas ordinarias para enfrentar las consecuencias que generan dichos actos.

5.- En circunstancias como la presente, sería más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades.Por estas razones acudiremos oportunamente ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados.

Carlos Gaviria Díaz
Presidente del PDA

CARLOS BULA CAMACHO
Secretario general

SOLIDARIDAD CON BOLIVIA Y SU PUEBLO. Geneve, 11 oct 15h, Place des Alpes

Para Fortalecer los Procesos de Cambio y Rechazar la Agresión
Por la Unidad de Bolivia y del Abya Yala (Continente Americano)

Abya Yala (el Continente Americano) vive uno de sus momentos históricos más significativos y esperanzadores para los pueblos. El saqueo incesante de nuestras riquezas, la exclusión social de la mayoría de la población, la herencia colonial de discriminación y racismo, la injerencia de los organismos internacionales y los centros del poder imperial en beneficio sólo de las élites locales y del gran capital transnacional, la represión y la violencia contra las grandes mayorías, la expoliación en detrimento del equilibrio ecológico y la seguridad alimentaria están hoy siendo profundamente modificados en busca de su superación.

Los movimientos de resistencia y lucha que pueblan diferentes regiones del continente, los procesos de cambio impulsados por movimientos sociales y gobiernos que favorecen a esas mayorías empobrecidas y excluidas en varios países de Sud y Centro América, una tendencia creciente a la unidad soberana y solidaria de los pueblos y los gobiernos a través de iniciativas como el ALBA y la UNASUR son parte significativa de este momento histórico favorable para los desheredados de siempre.

Uno de los países que expresa notablemente este proceso continental es Bolivia. Allí se concentran muchas de las profundas esperanzas y realidades de los procesos de cambio a través de diversas políticas que buscan superar la histórica exclusión política, económica, social y cultural de los sectores indígenas, campesinos y poblaciones empobrecidas de las ciudades. Allí se están realizando muchos esfuerzos para construir un país más justo, equitativo, inclusivo, participativo y respetuoso de su diversidad.

También en Bolivia se concentran gran parte de los esfuerzos del imperio del norte, de las fuerzas políticas más reaccionarias del país y del mundo, de las actitudes racistas y excluyentes de las logias y élites locales que tratan de impedir que el proceso de cambio se consolide y buscan perpetuar el sistema que les genera privilegios en desmedro de las mayorías. Clara muestra de esta estrategia política continental basada en un discurso divisionista y segregador del país, es la ofensiva violenta que los sectores del viejo poder colonial y neoliberal desataron las pasadas semanas en Bolivia con el saldo de casi una veintena de campesinos/as asesinados/as, decenas de heridos y golpeados, acciones de violencia racista contra la ciudadanía, toma y destrucción de medios de comunicación y entidades del Estado, etc.

Si bien estos días el país atraviesa por un proceso de negociaciones que tiene por un lado al gobierno nacional y a los movimientos sociales que apoyan el proceso de cambio y por el otro a los sectores opositores que representan a las viejas estructuras del poder patronal, lo cierto es que la estrategia que busca erosionar el proceso de cambio sigue latente. Por eso Bolivia y la unidad continental necesitan de nuestra solidaridad y apoyo. Consolidar el proceso de cambio en Bolivia al mismo tiempo de repudiar las actitudes violentas y de agresión que sufre el pueblo boliviano que sí cree y trabaja cotidianamente por un nuevo país, es una manera de fortalecer otro mundo posible y la unidad de los pueblos y gobiernos del Abya Yala.

Las organizaciones sociales y personas que nos adherimos a este documento y movilización “para fortalecer los procesos de cambio y rechazar la agresión. Por la unidad de Bolivia y del Abya Yala (Continente Americano)”, expresamos lo siguiente:

1. Respaldamos las políticas impulsadas por el gobierno boliviano que tratan de restituir la justicia, la equidad y la inclusión económica, social, política y cultural de los sectores más desfavorecidos a lo largo de la historia colonial y republicana del país. Ese respaldo se alimenta en la voluntad democrática del pueblo boliviano que en el Referéndum Revocatorio de Mandatos del 10 de agosto del presente año, respaldó contundentemente al proceso de cambio con más del 67% de apoyo del total electoral y con una victoria clara en 95 de los 112 municipios del país. Por tanto, rechazamos todo intento de divisionismo de la integridad territorial del país así como toda violencia ejercida contra un pueblo y un gobierno que legítimamente ejercen su derecho a construir otra Bolivia, más justa y digna, más incluyente y respetuosa de su diversidad. Exigimos, al mismo tiempo, el juzgamiento de las personas responsables de la masacre de campesinos/as en Pando y de los otros actos de violencia cometidos contra el pueblo boliviano.

2. Respaldamos la consolidación del proceso de cambio y de participación ciudadana a través de la realización del Referéndum por el cual la ciudadanía emita su decisión respecto a la aprobación o no del nuevo texto constitucional que expresa de manera legal gran parte de los cambios esperanzadores en Bolivia. En especial, creemos que esa nueva Constitución Política del Estado supera los sistemas del gran latifundio y de formas de esclavitud que muchos/as bolivianos/as aún soportan como una de las mayores expresiones de inequidad e injusticia (1)

3. Respaldamos los procesos de unidad de los pueblos y Estados de Abya Yala que se expresan en las resoluciones de UNASUR o las iniciativas crecientes como el ALBA. Rechazamos, por el contrario, la injerencia del gobierno norteamericano que busca desestabilizar los procesos de cambio de Bolivia y otros países de la región, así como financiar a los grupos violentos racistas, clasistas y divisionistas.

516 años de resistencia indigena, negra y popular : por un 12 de octubre con un otro mundo possible! Por la soberanía, la justicia y la dignidad en Bolivia y Abya Yala

Suiza, 11 de octubre del 2008

[1] Según datos del INRA, 24 beneficiarios del departamento de Santa Cruz (0,1% del total de propietarios agrícolas y ganaderos) poseen 1,4 millones de hectáreas con propiedades mayores a 20 mil hectáreas cada una. Llama la atención que en Santa Cruz apenas 4 beneficiarios detentan predios de más de 50 mil hectáreas de extensión. Estos cuatro privilegiados tienen casi 803 mil hectáreas. Los sistemas contemporáneos de esclavitud del gran latifundio fueron verificados el año 2008 por comisiones de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, del Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la Organización Mundial contra la Tortura e inclusive del Departamento de Estado de Estados Unidos entre otros.

Para firmar la petición, conectarse a http://www.gopetition.com/online/22274.html

La jornada del 7: En Colombia centrales obreras proponen convocar comisión de concertación

La jornada del 7: En Colombia centrales obreras proponen convocar comisión de concertación

Bogotá, octubre 8.- Las centrales obreras de Colombia solicitaron al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez la inmediata convocatoria de la comisión nacional de concertación laboral para tratar los temas de los conflictos de los trabajadores de la rama judicial y de la industria de la caña de azúcar, cuyas huelgas se han extendido por varias semanas sin solución alguna a las reivindicaciones planteadas que se relacionan con nivelaciones salariales y contratación directa eliminando las nefastas cooperativas de trabajo asociado.
Tarsicio Mora Godoy, presidente de la central Unitaria de trabajadores CUT explicó que han presentado esta solicitud al ejecutivo nacional dado el entrabamiento que han sufrido las negociaciones entre sindicato Asonaljudicial y representantes de las autoridades judiciales del país. En cuanto al conflicto cañero no se han podido sentar las partes para encontrar una salida favorable al cese laboral que mantiene paralizados los centrales azucareros del suroccidente colombiano.Godoy anunció la realización de una cumbre de dirigentes de los sindicatos colombianos el jueves 9 de enero a partir de las 2 de la tarde en la sede de junta nacional de la CUT donde pasarán revista a las tensiones y conflictos que sacuden a Colombia y diseñarán estrategias de solidaridad y acompañamiento para resistir y ejercer movilizaciones callejeras que obliguen al gobierno a atender las exigencias obreras. En tal sentido el portavoz de la CUT señaló que han informado a las principales centrales obreras internacionales recabando solidaridad moral y económica con los trabajadores en huelga y el desarrollo de una campaña mundial de denuncias de la intransigencia y atropellos oficiales contra los participantes en los movimientos huelguísticos.

Bolivar, El "Che", Fidel, Chavez, fueron y son antiimperialistas, y tu ?.....

El "CHE" VIVE y Alberto Granados tambien.....

"CHE", amigo, hermano, hoy te recordamos, no estas con nosotros fisicamente, pero espiritualmente vives encarnado en los jovenes y hombres rebeldes de todo el mundo, tu valor, tu moral, tus ideas seguiran vivas por siempre.

ANONIMO.

Foto.- Alberto Granados, el companero de viajes del Che por tierras suramericanas.

No importa donde estamos, siempre denunciamos !

En Colombia denunciamos al regimen Narcoparamilitar y participamos activamente en la oposicion legal, nos persiguieron, nos amenazaron, nos encarcelaron, salimos exiliados, pero desde estas tierras lejanas, nuestras voces no se callan, nuestros corazones laten cada dia por hacer una Colombia libre y democratica.